De acuerdo con cifras del INEGI de 2024, el 88% de los poblanos tienen que recurrir al uso de este medio para trasladarse a sus centros de trabajo, estudio y recreación, por lo que la discusión sobre el asunto no puede ser tomada a la ligera. El último acuerdo con el gobierno se dio en 2019, cuando se avaló un aumento de 6, a 8 pesos en el caso de las “combis”, y 8.50 para microbuses y autobuses, lo que llevaba implícita una lista de compromisos por parte de los dueños de las rutas, como la instalación de cámaras de seguridad, renovación de unidades y accesibilidad para personas discapacitadas y de la tercera edad. Todas estas promesas, se cumplieron a medias.
En su pasada conferencia de prensa, el gobernador, Alejandro Armenta, insistió que no se puede permitir que estos vehículos circulen, prácticamente, hechos “chatarra”, debido a que se pone en riesgo la seguridad de los usuarios, sin embargo, muchas de las prácticas vigentes por concesionarios, parecen no dar la prioridad a este tema.
Es común que personas con muletas no sean “levantadas” por las unidades, mientras los accidentes por conducción errática son sumamente comunes. Justo esta semana, en la 39 Oriente y 22 Sur, en Puebla capital, se reportó que un adulto mayor cayó de un autobús que arrancó sin cerciorarse que el hombre hubiera descendido por completo, provocándole diversas lesiones. No es la primera vez que un caso de esta naturaleza ocurre en el estado.
Informes de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) señalan que, desde 2024 hasta comienzos del presente año, suman más de 400 incidentes. Pasajeros hemos experimentado, al menos una vez en nuestros trayectos, algún accidente dentro de estos vehículos, muchos de estos son causados ante la saturación de rutas en ciertas vialidades y una deficiente conducción.
Algo bastante común son los arrancones y rebases imprudentes entre vehículos de una misma línea, quienes se mantienen en constante competencia ante los tiempos que deben cumplir en sus trayectos. Estas exigencias no sólo ejercen una gran presión para los choferes, sino que ponen en riesgo la integridad de los pasajeros y peatones, más aún cuando, en horas pico, se busca saturar las combis y microbuses con la mayor cantidad de personas posible.
Claro está, un gran reclamo es la deplorable condición de muchas unidades que circulan diariamente por las calles del estado. No nos referimos sólo a los “pollos” alarma atados a los tubos ante la ausencia de alarmas, los asientos carcomidos o desbaratados y la falta de higiene. Si un autobús circula en malas condiciones mecánicas, siempre representará un gran riesgo para los usuarios, por lo que las próximas acciones a tomar por esta administración tendrán que dar una pauta para mejorar el sistema.
De llegarse a un próximo incremento a la tarifa, que al menos por ahora no se ve cercano, los concesionarios deben recordar la máxima de su labor, que es brindar un servicio seguro y de calidad, lo que tendría que darse por sentado una vez alcanzados acuerdos. No hay mayor discusión al respecto. Sin embargo, se requiere que exista apertura y diálogo para lograr un servicio que cumpla con la seguridad y eficiencia que nuestras ciudades y comunidades requieren.
