• 06 de Julio del 2025
TGP

Recuerdo al Alejandro Armenta que en 2015 se lanzó a campaña en busca de la diputación federal. Una campaña hecha a pie en las comunidades de la región de Acatzingo, con recorridos casa por casa y calle por calle, sin dejar un punto sin atender. Recuerdo, también, haberlo escuchado hablar de doña Cholita, el barrio de las 3 horas y su historia entre cultivos y la escuela —ahí estuvimos reporteando—.

El desconocimiento de la ley y el reconocimiento de que las redes sociales son utilizadas para “quemones”, venganzas personales y hasta como desahogo público de las frustraciones fue lo que evidenció el parlamento abierto organizado este jueves por la diputada Laura Artemisa en el Congreso del Estado. En el diálogo sobre la llamada Ley de Ciberacoso, participaron periodistas, activistas, académicos, especialistas y ciudadanos.

El pasado viernes 13 de junio, el Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma integral al Código Penal local que incorpora, por primera vez, una serie de delitos cometidos en el ciberespacio, entre ellos el ciberasedio, el espionaje digital, la usurpación de identidad y el contacto con fines sexuales hacia menores mediante redes sociales. Esta iniciativa ha comenzado a generar un álgido debate en redes sociales y las sobremesas, en las que destacan las dudas y la urgencia por explicar en qué consiste.

Aunque la violencia digital existe, es cotidiana y debe ser combatida jurídicamente, no han faltado voces que —desde la desinformación o el temor legítimo a los excesos del poder— han planteado dudas sobre si esta legislación representa una amenaza a la libertad de expresión. La respuesta es no, y explico mi postura como quien ejerce la libertad de expresión a diario, de manera profesional y ética, y que en sexenios del pasado enfrentó intimidación y espionaje por pensar diferente.


A diferencia de otras propuestas legislativas que han buscado castigar la opinión pública en redes sociales o criminalizar la crítica hacia servidores públicos, esta ley no penaliza ideas, posturas ni opiniones, sino conductas lesivas y sistemáticas que causan daño real a las personas. Insultar, injuriar o humillar de manera reiterada con el objetivo de degradar física o emocionalmente a alguien, especialmente cuando se hace contra menores, no es ejercicio de la libertad de expresión: es violencia digital.


En ese sentido, el nuevo artículo 480 del Código Penal establece claramente que el ciberasedio no se configura por el simple hecho de emitir un comentario crítico, irónico o controversial, sino cuando existe una intención persistente de daño, en un contexto de insistencia y agresividad. Este enfoque permite diferenciar entre la libertad de disentir y el afán de agredir.

Como hacía referencia en la entrega anterior sobre este mismo tema, el derecho a expresarse libremente está consagrado en el artículo 6° constitucional y en tratados internacionales firmados por México. Pero este derecho no es absoluto, ni está por encima de otros bienes jurídicos como la dignidad, la integridad emocional o la seguridad de las personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes.


La libertad de expresión no incluye el derecho a amenazar, acosar, suplantar identidades, espiar digitalmente o cometer fraudes a través de plataformas digitales. Y eso es precisamente lo que la ley sanciona.


Quien utilice el correo electrónico para suplantar a una institución financiera y obtener datos personales de un usuario no está “expresando una idea”, sino cometiendo un fraude cibernético. Quien se hace pasar por otra persona para obtener beneficios patrimoniales no está “ejerciendo un derecho”, sino vulnerando la identidad y el patrimonio ajeno.


En Puebla, los delitos cometidos en línea —desde el robo de identidad hasta el acoso digital— han aumentado sin que existieran figuras legales claras para perseguirlos, lo cual dejaba a las víctimas desprotegidas y a los agresores en la impunidad.


Esta reforma no es una mordaza, sino una herramienta de justicia y prevención. Tipifica delitos que ya ocurren, que tienen consecuencias reales, que afectan a mujeres, jóvenes, menores de edad y personas adultas mayores, y que ya no podían seguir siendo ignorados por el marco jurídico.


Desde luego, toda ley es perfectible. La verdadera prueba será su aplicación responsable por parte del sistema judicial –en donde recae la gran responsabilidad–, así como su divulgación entre la población. También será fundamental que el gobierno impulse campañas educativas sobre el uso ético y seguro de la tecnología, y que la policía cibernética cuente con las herramientas necesarias para actuar sin violar derechos ni vulnerar libertades.


Pero la dirección es correcta. Puebla se está colocando a la vanguardia de la legislación en materia de ciberseguridad. Y lo hace con una ley que no criminaliza la crítica ni silencia el debate público, sino que protege a las personas más vulnerables del abuso en línea. Es una ley que reconoce que la violencia también se ejerce con un “clic”, y que, frente a ella, el Estado no puede cerrar los ojos.


Cuenta de X: @mecinas

Premio estatal de periodismo 2014 y 2015
Director de Quinceminutos MX

Empantanado en una crisis política tras el escandaloso rompimiento de relaciones con Elon Musk y una escalada de críticas en su contra por la fallida política económica de su gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Donal Trump, decidió virar nuevamente hacia México y convertir su lucha antiinmigrante en una batalla campal en las calles de Los Ángeles.

La celebración del Día de la Libertad de Expresión en México coincide con un debate surgido recientemente en la ciudad de Puebla, a raíz de la agresión cometida desde el anonimato por el autor de una cuenta en X (antes Twitter), identificada como @LaAldeaPoblana, contra la titular de la Secretaría del Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, conocida como “La Bonita” en el ámbito del boxeo, donde –sobra decir– es campeona mundial en peso mosca.

Miércoles, 04 Junio 2025 19:47

La Big Data y el Tarot Digital

Escrito por

La vulneración de la información sensible de las y los internautas en los tiempos del capitalismo afectivo

Por: José Rigoberto García Vargas

Hace unos días, divagué con mi “doctora corazón” acerca de esas razones del corazón que el corazón desconoce —como sentenció Blaise Pascal— mientras compartíamos bebidas espirituosas que alientan a desnudar el alma. Aquel diálogo anodino, casi risueño, derivó en una larga meditación sobre las emociones humanas, las decisiones impulsivas, los algoritmos y, de forma insospechada, el tarot.

A cinco meses de iniciado el gobierno de Alejandro Armenta, los números en materia de seguridad en Puebla ya marcan una tendencia que demuestra la eficacia de la estrategia, aunque también alertan sobre una posible alza en otros delitos. 

Para las Naciones Unidas, la seguridad pública no sólo es una exigencia ciudadana, sino un derecho humano, al igual que el acceso al agua potable, la propiedad, la educación o la vida. Por ello, se convierte en una condición indispensable para garantizar el resto de las garantías individuales.
Si partimos de esta premisa, la política pública en seguridad se vuelve un asunto de Estado, y es ahí donde las acciones emprendidas en Puebla —con el apoyo de la Marina— cumplen un propósito superior, más allá de frenar la violencia o poner a los delincuentes tras las rejas. 

Resulta alentador, por ello, observar señales claras de que la estrategia coordinada entre el gobierno estatal y el de la presidenta Claudia Sheinbaum está arrojando resultados de manera prácticamente inmediata.


Una revisión a las cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondientes al primer cuatrimestre de este año, comparadas con las del mismo periodo de 2024, evidencia que bajo el liderazgo de Alejandro Armenta se ha logrado una reducción en la incidencia de delitos de alto impacto.


Las cifras hablan por sí solas. Entre enero y abril de 2025, los asesinatos disminuyeron un 3.6 %, los feminicidios bajaron un notable 30.8 % y los robos a transportistas cayeron un 27.6 %. Asimismo, el narcomenudeo registró una baja del 28.4 % y los robos a negocios se redujeron en un 12.2 %.

 

Estas disminuciones no son menores ni aleatorias: son resultado de una estrategia de seguridad pública que prioriza la coordinación entre fuerzas estatales y federales, el uso de tecnología y una visión centrada en las víctimas.
Si bien algunos delitos como el secuestro y el robo de vehículos mostraron aumentos, el balance general es favorable. El incremento del 100 % en secuestros —aunque llamativo— debe interpretarse con perspectiva: pasó de 5 a 10 casos en un estado con más de 6.5 millones de habitantes. No debe minimizarse, pero tampoco debe eclipsar los avances en otros rubros. 

Cabe destacar también la inversión en infraestructura policial, el fortalecimiento de la inteligencia operativa y una política clara de cero impunidad. Ahí están los casos de los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes eran alcaldes de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente, así como el reciente cateo en propiedades del alcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero.

La estrategia de seguridad poblana, sin duda, ha estado enfocada en la prevención, la reacción inmediata y, sobre todo, en recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Incluso frente a las amenazas, como lo reconoció la semana pasada el secretario de Seguridad, el vicealmirante Francisco Sánchez, tras la difusión de un video atribuido a un grupo delictivo. 
Los primeros resultados son alentadores y marcan una ruta a seguir. Si el gobierno estatal mantiene este ritmo de trabajo y refuerza las áreas que aún presentan rezagos, Puebla podrá consolidarse como un referente nacional en materia de seguridad pública.
En un país golpeado por la violencia, es imprescindible reconocer y fortalecer los modelos que sí funcionan. Y hoy, Puebla, bajo la conducción de Alejandro Armenta, está demostrando que con voluntad política, planeación estratégica y compromiso institucional, sí es posible devolverle el derecho a la paz a la gente y soñar en la construcción de un nuevo tejido social. 

Cuenta X: @mecinas

Miércoles, 02 Abril 2025 13:42

Reflexión de la Elección Judicial

Escrito por

El Aprendiz / Exilio.mx

Lunes, 31 Marzo 2025 18:02

Una reflexión de la Elección Judicial

Escrito por

El Aprendiz / Exilio.MX

(Quizás en varias entregas)

El pasado Domingo 30 de Marzo dieron inicio las campañas para elegir personas juzgadoras a nivel federal, sin duda, un hecho inédito en nuestra democracia.

La elección más allá de la numeralia que nos arroja, creo es importante entender lo que se vota, por quienes se vota y más importante aún cuál será su repercusión en la democracia nacional y de nuestro estado.

En principio lo que se vota, y más allá del lenguaje jurídico, es necesario entender qué significan las 6 boletas que cada ciudadano (en teoría tendrá en sus manos) votará este próximo 1 de junio.

Nueve ministros de la Corte cinco mujeres y 4 hombres, de ellas, quien obtenga más votación será la sucesora electa de Norma Lucía Piña. (Serán ellos en quienes descanse el control de nuestra constitución)

Dos magistrados de Sala Superior, un hombre y una mujer (para los políticos, son quienes deciden en última instancia los resultados de las elecciones impugnadas).

Al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial integrado por cinco Magistrados, encargado de revisar el ético y correcto actuar de las personas juzgadoras federales.

Estos tres grupos, serán electos en todo el territorio nacional.

De ahí en un tema más local y que afectan a Puebla, Salas Regionales del Tribunal Electoral (sede CDMX le corresponde Puebla), Tribunales de Circuito de cinco materias (sin especificar la especialidad) y en el mismo sentido personas Juzgadoras de Distrito.

A quienes se vota, uff eso es cosa distinta, pues la forma de llegar a la boleta ha sido, por decir lo menos polémica y en algunos casos cuestionada e injusta.

La gran mayoría por el contacto que he tenido al menos en Puebla emanan de una amplia carrera judicial, académica y probada experiencia, pero eso no será suficiente, puesto que no conocen el sistema electoral y mucho menos saben hacer campaña, pero eso será cuestión de una próxima entrega.

Importante tener en cuenta que en este nuevo ejercicio democrático inédito a nivel mundial (Bolivia no tiene un sistema democrático base como el nuestro), estamos aprendiendo todos: el INE, la Sala Superior, los poderes del Estado, las instituciones públicas, los participantes y los ciudadanos.

Aprender que solo habrá un poco menos de 3,000 casillas, en todo el estado, que podrán votar hasta 4,000 ciudadanos en una casilla y que el ejercicio le llevará a cada persona al menos 15 minutos, se avista titánico.

Para los candidatos, un sistema de Fiscalización excesivamente restrictivo y una nueva geografía electoral, son los retos.

De eso espero poder abundar más adelante.

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