• 17 de Septiembre del 2021
Érika Nieto

Érika Nieto

Lejos quedó aquel día en que Olga Sánchez Cordero, como secretaria de Gobernación, acudió a la frontera sur de México a encabezar un evento de bienvenida para los migrantes, principalmente de origen centroamericano, que buscaban cruzar México para llegar a Estados Unidos.

Aquella mañana del 11 de septiembre de 2001, Ana Sayas tenía poco más de un año de haber llegado a Nueva York, su esposo finalmente tuvo los recursos necesarios para pagar a un pollero y mandar por su familia a Puebla, después de más de 15 años de que migrara a Estados Unidos, así que para ese momento ya tenían una dinámica familiar en la que cada mañana ella se levantaba muy temprano para preparar el desayuno y tener listo el lunch para su esposo y su hijo mayor que trabajaban en el sector de la construcción.

Mientras Estados Unidos mantiene la solicitud a México para que despeje los albergues temporales y establecidos a lo largo de la franja fronteriza con el fin de aminorar no sólo los riesgos de contagio en la pandemia, sino para prevenir el acercamiento de bandas criminales que buscan reclutar migrantes en sus filas, decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos piden el cese a las deportaciones masivas de indocumentados por parte de ambos gobiernos.

Por alguna razón el expresidente Donald Trump se negaba a que los migrantes sin documentos fueran contemplados en el Censo 2020 y es que, la radiografía que resultó de este conteo refleja un crecimiento importante de la población hispana sobre la anglosajona.

Después de la gestión de una diplomática de alto rango y conocimiento sobre la situación en México y América Latina, como Roberta Jacobson, nombrada como Embajadora con Barack Obama y quien mantuvo un trabajo coordinado con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, llegó a nuestro país Christopher Landau, nombrado por el republicano Donald Trump y quien no sólo llenó de carisma a la Embajada de Estados Unidos en México, sino que tuvo un fuerte cierre de gestión al criticar severamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre el nulo trabajo que realiza para combatir al crimen organizado. Landau argumentó que los cárteles controlan 40 por ciento del territorio mexicano representando un problema para el gobierno norteamericano.

La presencia de diversos grupos de alta vulnerabilidad en las caravanas migratorias que avanzan hacia el norte del continente obliga a los diferentes gobiernos, así como a las organizaciones civiles, a coordinarse para su adecuada atención y evitar que se violenten los derechos no solo de los migrantes sino de los activistas que vigilan que se respeten estos mismos derechos.

Por lo menos 4 por ciento de quienes conforman las caravanas de migrantes, que vienen desde Centro y Sudamérica rumbo al norte del continente, forman parte de la comunidad LGBTIQ, pues son víctimas de la violencia, discriminación y crímenes de odio en sus países de origen; sin embargo, en su cruce de fronteras, se ven obligados a ocultar su orientación sexual para proteger sus vidas.

Son más de 600 mil jóvenes migrantes los beneficiados con el programa DACA, la mayoría de ellos de origen mexicano, pero diariamente son cientos de solicitudes las que recibe la autoridad migratoria sobre nuevos postulantes que buscan permisos laborales y acceso al sistema de salud norteamericano; sin embargo, hace unos días el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito del Sur de Texas sostuvo que la política de DACA “es ilegal”, por ello ahora prohíbe al gobierno que acepte nuevas solicitudes de estos jóvenes.

A pesar de que dio fin al programa “Permanecer en México” o mejor conocido en inglés como “Remain in Mexico”, impuesto durante el gobierno de Donald Trump, el gobierno del demócrata Joe Biden ha sido severamente criticado por intercambiarlo por el “Título 42”, que también fue aprobado por Trump y que promueve la deportación inmediata de miles de solicitantes de refugio que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, sin permitirles un registro, exponer su caso y ser sometidos a un juicio, argumentando los contagios por la pandemia.

La desinformación y el miedo a ser deportado o detenido está generando el bajo interés en adquirir la vacuna por parte de la comunidad migrante en Estados Unidos, algunas cifras aseguran que sólo 15 por ciento de la comunidad hispana acudió por su vacuna; el resto no ha manifestado ningún interés, al contrario, muchos tienen miedo por las reacciones que, según las redes sociales, generan.

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