Una de las amenazas más comunes que reciben los migrantes sin documentos, que tienen la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, es la que tiene que ver con ser denunciados ante la “migra” para que sean deportados.

Después del “muro de acero”, conformado por decenas de vehículos militares y policiales colocados a lo largo de la franja fronteriza en la región de Del Río en Texas, para impedir el paso de los migrantes haitianos, el gobernador texano, Greg Abbott anunció que otros mandatarios de origen republicano unirán esfuerzos con Texas para proteger la frontera ante la crisis humanitaria que prevalece.

La bancada demócrata en el Congreso norteamericano tenía bajo la manga tres planes de una misma propuesta, que irían en el mismo sentido, proteger de la deportación a 4 sectores básicos de la comunidad migrante en Estados Unidos, los jóvenes “dreamers”, los trabajadores agrícolas, los beneficiados con el TPS y los trabajadores esenciales cuyo servicio fue fundamental durante esta pandemia. Ya fueron rechazados los dos primeros planes, el tercero podría no ser lo que los migrantes esperaban.

Las consecuencias del desorden fronterizo que prevalece en territorio texano construyen una serie de obstáculos políticos para el gobierno del demócrata Joe Biden, que afectarían su posible reelección o una victoria para la que parecía su sucesora natural, Kamala Harris.

Desde hace décadas, los indocumentados no sólo de origen centroamericano sino los mismos migrantes mexicanos usaban el tren mejor conocido como La Bestia, como transporte principal para llegar a la frontera con Estados Unidos.

Lejos quedó aquel día en que Olga Sánchez Cordero, como secretaria de Gobernación, acudió a la frontera sur de México a encabezar un evento de bienvenida para los migrantes, principalmente de origen centroamericano, que buscaban cruzar México para llegar a Estados Unidos.

Aquella mañana del 11 de septiembre de 2001, Ana Sayas tenía poco más de un año de haber llegado a Nueva York, su esposo finalmente tuvo los recursos necesarios para pagar a un pollero y mandar por su familia a Puebla, después de más de 15 años de que migrara a Estados Unidos, así que para ese momento ya tenían una dinámica familiar en la que cada mañana ella se levantaba muy temprano para preparar el desayuno y tener listo el lunch para su esposo y su hijo mayor que trabajaban en el sector de la construcción.

Mientras Estados Unidos mantiene la solicitud a México para que despeje los albergues temporales y establecidos a lo largo de la franja fronteriza con el fin de aminorar no sólo los riesgos de contagio en la pandemia, sino para prevenir el acercamiento de bandas criminales que buscan reclutar migrantes en sus filas, decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos piden el cese a las deportaciones masivas de indocumentados por parte de ambos gobiernos.

Por alguna razón el expresidente Donald Trump se negaba a que los migrantes sin documentos fueran contemplados en el Censo 2020 y es que, la radiografía que resultó de este conteo refleja un crecimiento importante de la población hispana sobre la anglosajona.

Después de la gestión de una diplomática de alto rango y conocimiento sobre la situación en México y América Latina, como Roberta Jacobson, nombrada como Embajadora con Barack Obama y quien mantuvo un trabajo coordinado con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, llegó a nuestro país Christopher Landau, nombrado por el republicano Donald Trump y quien no sólo llenó de carisma a la Embajada de Estados Unidos en México, sino que tuvo un fuerte cierre de gestión al criticar severamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre el nulo trabajo que realiza para combatir al crimen organizado. Landau argumentó que los cárteles controlan 40 por ciento del territorio mexicano representando un problema para el gobierno norteamericano.