La Ciudad de Nueva York aceptó destinar 92.5 millones de dólares para indemnizar a más de 20 mil inmigrantes que fueron detenidos de manera indebida tras cumplir sus condenas, en respuesta a una demanda colectiva interpuesta hace más de una década. El acuerdo, aprobado por un juez este miércoles, abarca casos ocurridos entre 1997 y 2012.
Entre los ejemplos más destacados se encuentra el de Frank Barker, inmigrante de 58 años originario de Barbados. Barker llegó a Estados Unidos como residente legal a los nueve años y, tras cumplir una condena de ocho meses en Rikers Island en 2008, fue retenido ilegalmente durante un año por órdenes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los agentes del ICE pedían al Departamento de Correcciones de Nueva York que retuviera a inmigrantes hasta por 48 horas después de cumplir su sentencia, bajo el argumento de iniciar procesos de deportación. Sin embargo, en miles de casos, estas órdenes derivaron en detenciones que se prolongaron durante días, semanas o meses, acumulando un total de 166,000 días de retención indebida entre los afectados.
El abogado de los demandantes señaló que estas detenciones representan una violación sistemática de derechos. "Las órdenes de detención imponen un doble castigo a los inmigrantes, obligándolos a ingresar al sistema del ICE tras cumplir su condena", se destacó en el comunicado oficial.
La demanda colectiva incluyó a personas que actualmente residen tanto en Estados Unidos como en países como México, República Dominicana y Cuba. Dependiendo de la duración de sus detenciones, los afectados podrán recibir indemnizaciones de hasta decenas de miles de dólares.
La demanda se originó en 2010 con la denuncia de Oscar Onadia, quien fue detenido 41 días después de cumplir una sentencia de cinco días por conducir sin licencia. Onadia falleció a principios de este año, pero su esposa recibirá 25,000 dólares como parte del acuerdo.
El fondo de compensación, acordado por la ciudad, cubrirá los pagos a los demandantes, así como los costos legales y administrativos del caso. Aunque Nueva York niega haber actuado ilegalmente, decidió establecer este fondo como parte del acuerdo
