La pandemia por Covid-19 elevó la pobreza en varios sectores de la población del continente americano llevando a la migración a superar niveles históricos, con más de un millón 734 mil centroamericanos, principalmente, quienes fueron interceptados por autoridades estadunidenses durante el último año fiscal, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de la Frontera (CBP, por su sigla en inglés).
El incremento migratorio de 2021 supera en 309 por ciento lo registrado en 2020, y rebasa la suma de las detenciones de los últimos dos periodos (2019 y 2020) a pesar a que en 2019 se registró una de las crisis de flujo de migrantes más graves de la última década y que marcó la agenda política los presidentes López Obrador y Donald Trump en el marco de las negociaciones por el renovado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En el año fiscal 2021, que va de octubre de 2020 a septiembre de 2021, la Oficina de Operaciones de Campo y la Patrulla Fronteriza detuvo un millón 734 mil 686 migrantes, la cifra más alta que ha registrado la Oficina desde 1924; aunque en los primeros meses del periodo de referencia, los cruces ilegales fronterizos de centroamericanos reportaban números a la baja, la ola resurgió en febrero de este año, pasando de 78 mil detenciones en enero, a 101 mil en febrero, lo que representó un incremento de 29 por ciento.
Un mes después, ya se tenían 173 mil intercepciones y la crisis migratoria llegó a su máximo nivel el pasado mes de agosto, cuando la cifra superó los 209 mil detenidos y en promedio, eran atrapados 6 mil 769 personas por alguno de los 19 mil 740 elementos que integran la Patrulla Fronteriza.
Si bien en septiembre hubo una reducción de 9 por ciento, con 192 mil detenciones, el inicio del año fiscal 2022 reporta 158 mil detenciones en octubre; mientras que en la frontera entre México y Guatemala, ingresaba una nueva caravana con miles migrantes latinoamericanos con el objetivo de lograr el tan anhelado “sueño americano”.
Las estadísticas migratorias del gobierno de Estados Unidos revelan que desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que la enfermedad por coronavirus era considerada una pandemia internacional, en marzo de 2020 y hasta octubre de este año, se interrumpió el tránsito a 2 millones 115 mil 369 migrantes, principalmente ciudadanos de El Salvador, Honduras, Guatemala y México.
Ante la emergencia sanitaria por covid-19, Estados Unidos echó mano de una estrategia para expulsar de sus fronteras terrestres, de forma rápida e inapelable, a miles personas: el Título 42, con el cual, impidió a los migrantes solicitar asilo.
El famoso Título 42 es una política creada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que entró en vigor en marzo de 2020 bajo el periodo presidencial de Donald Trump, con el objetivo de expulsar y deportar a todas las personas al último país de tránsito (México) que representan un “potencial riesgo para la salud pública” de Estados Unidos durante la pandemia.
El pasado 21 de septiembre, mientras la ola migratoria se concentró en un campamento donde se encontraban al menos 10 mil personas intentando cruzar a territorio estadunidense, haitianos en su mayoría, bajo el puente fronterizo que conecta a Texas y Ciudad Acuña en Coahuila, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, llamó al gobierno norteamericano a levantar de forma inmediata las restricciones del Título 42 pues, dijo, son consideradas como “incompatibles con el derecho internacional”.
Sin embargo, y de acuerdo con el último reporte estadístico de cumplimiento de la CBP para el nuevo año fiscal 2022, el Título 42 sigue regresando migrantes a la frontera para “prevenir el contagio por covid-19 en las instalaciones fronterizas y en los Estados Unidos”.
Todo ello, a pesar de que desde el inicio de su administración, el demócrata Joe Biden, revocó las leyes migratorias “más duras” establecidas por Trump e incluso aseguró que Estados Unidos regresaría a ser un país de asilo. Al respecto, el pasado 30 de septiembre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, aseguró durante el anuncio de las nuevas pautas para el cumplimiento de la ley de inmigración civil, que por primera vez, éstas requerirán de una evaluación de la persona y tomarían en cuenta la totalidad de los hechos y circunstancias.
