• 28 de Abril del 2024

Bárcena pide a mexicanos en Texas acercarse a consultados ante Ley SB4

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que México no aceptaría a migrantes deportados por el gobierno de Texas

 

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aconsejó a los mexicanos en Texas acercarse a los consulados, ante las sentencias “contradictorias” sobre la ley SB4 de ese estado, que permitiría a las autoridades estatales detener y expulsar a migrantes indocumentados.

“Aconsejamos a personas mexicanas en Texas acercarse a los 11 consulados mexicanos y conocer sus derechos ante actos antiinmigrantes, discriminatorios o de corte racial”, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores, en sus redes sociales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que México no aceptaría a migrantes deportados por el gobierno de Texas. “(En) SRE seguimos de cerca litigio vs #SB4 y los desarrollos judiciales muy contradictorios”, reiteró Bárcena.

La ley SB4, una de las medidas antimigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convertiría en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado (de Texas) desde una nación extranjera” de forma irregular, además de facultar a las fuerzas estatales de realizar arrestos migratorios.

Su aplicación desató caos este martes, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos primero permitió aplicar la ley antes de escuchar argumentos de fondo, pero en la noche el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito suspendió su entrada en vigor.

La ley estuvo en vigor unas horas el martes y en ese lapso las autoridades de Texas no anunciaron ningún arresto ni dijeron si se estaba aplicando activamente. Brad Coe, jefe de policía en el condado Kinney, en la frontera, dijo que sus oficiales necesitarían una causa probable para hacer algún arresto bajo dicha ley.

“Es poco probable que los observadores vean un cambio repentino”, dijo Coe, cuyo condado abarca una parte de la frontera cerca de Del Río, que hasta hace poco era el corredor más transitado de cruces ilegales, los cuales se han reducido considerablemente.

La Corte Suprema no decidió sobre los méritos de la ley. En cambio, devolvió al tribunal de apelaciones una recusación dirigida por el Departamento de Justicia, que ha dicho que Texas invade la autoridad del gobierno federal.

La más reciente orden del tribunal de apelaciones no incluyó una explicación por parte del panel. Pero tuvo el efecto de restaurar un mandato judicial emitido en febrero por el juez de distrito David Ezra, que desaprobó la ley en múltiples frentes. Su opinión de 114 páginas eliminó las afirmaciones de los republicanos sobre una “invasión” en la frontera sur debida a la cantidad récord de cruces ilegales. Ezra, nombrado por el expresidente Ronald Reagan, también advirtió que la ley podría perjudicar las relaciones exteriores de Estados Unidos.

Según la ley de Texas, una vez que los acusados son arrestados por entrar ilegalmente a Estados Unidos, pueden acatar la orden de un juez de salir del país, o enfrentar un proceso legal. El martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo tajantemente que México no recibirá a nadie a quien se le ordene cruzar la frontera.

“México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”, señaló el gobierno.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó la ley de “violatoria… del derecho internacional”.

En declaraciones el miércoles, López Obrador dijo que si el gobierno de Texas “pretendiera deportar, que no le corresponde, nosotros no lo aceptaríamos y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.

Pero aclaró que, ante la decisión de la corte de apelaciones de dejar la ley en suspenso, “vamos a esperarnos”

El impacto se extiende más allá de la frontera con Texas. Los legisladores republicanos redactaron la ley de manera que se aplique en los 254 condados del estado, aunque Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, espera que se aplique principalmente cerca de la frontera.