La larga lucha, la cual mantiene más asignaturas pendientes que logros, por la inclusión de las minorías en México no es la excepción.
El pasado 2 de junio y tras décadas de lucha, la revolución femenina consagró sus esfuerzos y su muy incómodo movimiento con la victoria de Claudia Sheinbaum, la primera mujer que portará la banda tricolor y se sentará en la mítica Silla del Águila que reposa en el Despacho Presidencial, ubicado en el Salón Ignacio Zaragoza, de Palacio Nacional.
La marea verde llevó en su cresta a la Doctora Claudia.
Sin embargo, la lucha femenina apenas logró la anhelada paridad, la cual, tuvo que ser acomodada con calzador y forzada a pesar de la resistencia machista que predomina entre los hombres del círculo rojo.
La ruptura del techo de cristal solo se logró a través de la vía legal, la cual tuvo que obligar, sin ser orgánico ni natural, a los partidos políticos a postular al mismo número de mujeres que de hombres por los cargos de elección popular en cada elección.
Una de las principales luchas de la revolución femenina es la despenalización del aborto, la cual ya es un ordenamiento de la SCJN, en todos los estados del país, pero que a la fecha encuentra una fuerte resistencia en algunas entidades como Puebla.
Otra vez, tendrá que llegar el calzador para que la interrupción legal del embarazo sea legal y gratuita en todas las demarcaciones del territorio nacional.
El fracaso de la Selección Mexicana, que mucho es el reflejo de los grandes vicios que afectan al país, en la Copa América es el ejemplo perfecto de lo que los efectos negativos que la inclusión forzada puede provocar.
Por decreto y como una solución rápida a una crisis sistemática y estructural se optó por darle oportunidad a “jóvenes” para el torneo más importante de nuestro continente sin que este relevo generacional se diera de forma paulatina como sí sucede en otras selecciones como la española o la inglesa, que tienen a jugadores top como estrellas de sus equipos, que ya están instalados en las semifinales de la Eurocopa.
El desenlace del equipo mexicano era predecible.
El constante ejercicio de forzar la inclusión de las minorías en la vida pública del país, que debería darse, insisto, se forma natural y sin ser una obligación legal, no ha traído buenos resultados a la sociedad.
Tras los resultados de los comicios federales y locales de este año se dio a conocer una nueva forma de doblar las leyes electorales que obligan, como sucede con la paridad entre hombres y mujeres, a conceder espacios a personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
En los de Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Guanajuato, colectivos defensores de las personas de la diversidad sexual identificaron a políticos que se registraron como miembros de la comunidad LGBT, pese a que no pertenecen a la misma, con el fin de cumplir con los lineamientos de paridad de género y ganar adeptos en las pasadas elecciones del 2024.
De acuerdo con información compartida por la agencia Quadratín, en Michoacán se identificaron por lo menos ocho candidatos que se registraron como mujeres; pero, que sólo utilizan pronombres masculinos, esto para cumplir con la cuota paritaria solicitada por el Instituto Electoral de dicha entidad (IEM).
A la fecha, no existe una postura clara ni contundente por parte del INE o del TEPJF.
En días recientes, la aún diputada federal trans, María Clemente García Moreno, pidió denunciar a Pável Gaspar Ramírez, legislador local electo en Puebla, por usurpar un cargo que le corresponde a alguien de la comunidad.
Pável Gaspar fue acusado de usurpar una diputación que le corresponde a una persona de la comunidad LGBTTTIQ+, pues no se percibe como hombre homosexual.
Lo sucedió con el indígena fake, Néstor Camarillo, quien se hizo pasar como nativo de la comunidad indígena de Zacapoaxtla, El Molino, del municipio de Zacapoaxtla, para hacerse de la candidatura del PRI al Senado de la República como primera fórmula en Puebla de la alianza Fuerza y Corazón por México.
El periodista Cirilo Calderón acreditó que la constancia otorgada por Josué Puente, comisario ejidal de El Molino, a todas luces fue chueca y llena de mucha corrupción para que Camarillo Mediana pudiera cumplir con el requisito de las acciones afirmativas a favor de los indígenas.
Tanto Claudia Sheinbaum como Alejandro Armenta están frente a un gran reto en el país y en Puebla para que la inclusión de todas las minorías y los sectores históricamente desprotegidos sea natural y no forzada.
Que realmente sea una iniciativa orgánica y no un decreto legal.
Y es que, los gandallas y miserables siempre van a encontrar métodos para doblar la ley para seguir viviendo de nuestros impuestos.
La inclusión claro que es necesaria, pero no con calzador, porque ahí están sus consecuencias.
Consecuencias que tendrán efectos adversos.
