José Ojeda Bustamante
A escasos meses de que termine su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó en su mañanera del 14 de junio que el llamado ‘Plan C’ no podría ser discutido y aprobado en su totalidad, por lo que finalmente serán cinco las reformas a analizarse en el Congreso de la Unión durante el mes de septiembre.
Desde las antípodas, ciertamente vemos con interés esto que acontece en la vida democrática del país. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un cálculo por acelerar los cimientos institucionales de lo que se ha venido a denominar el segundo piso de la cuarta transformación.
La apuesta es temeraria. Osada.
De acuerdo con el líder del Ejecutivo, las primeras cinco reformas que serán analizadas en el Congreso de la Unión y que fueron “consensuadas” con Sheinbaum Pardo serán las siguientes:
- Eliminación de la reelección.
- Pensiones a mujeres de 60 a 64 años.
- Reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, con la que se buscará aumentar el pago de pensiones de maestras y maestros.
- Becas para estudiantes de educación básica.
- Reforma al Poder Judicial.
De todas ellas, la que sin lugar a duda ha llamado poderosamente la atención de los actores nacionales, pero también internacionales en tanto cimbra los cimientos de un poder de la unión, es la reforma al Poder Judicial de la Unión, la cual contempla la elección popular de dicho poder, conforme a la iniciativa enviada en febrero; y la cual, será prácticamente retomada de la misma manera en septiembre.
La propuesta del presidente López Obrador para elegir de manera popular a los integrantes del poder judicial de México, conocida como el “Plan C Judicial”, representa una de las transformaciones más radicales en la historia del país.
Como ya lo mencioné, el objetivo principal es que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo de la ciudadanía, en lugar de ser nombrados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Legislativo. Lo anterior, ante un desgaste a ojos abiertos, que los últimos años ha tenido el poder judicial en México, hay deslegitimidad al ámbito judicial en el imaginario colectivo, hay varios botones de muestra de desaciertos.
Esta medida pretende, de acuerdo con la perspectiva del presidente, hacer que los integrantes del poder judicial sean responsables ante la sociedad y representen la pluralidad cultural, social e ideológica de la nación. Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate sobre su viabilidad y sus posibles consecuencias para la independencia judicial y la democracia.
Actualmente, el método de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) implica una terna propuesta por el presidente de la República, la cual es sometida a consideración del Senado, que debe ratificarla con una mayoría calificada de dos tercios. Este procedimiento ha sido criticado por dar un poder desmedido al presidente, quien en última instancia puede designar directamente a un ministro si el Senado no llega a un acuerdo en el plazo establecido. La reforma propuesta busca cambiar este método por completo, estableciendo un sistema en el que los ciudadanos elijan directamente a los ministros, magistrados y jueces, lo que implicaría un proceso electoral con postulaciones de los tres poderes de la Unión. Es sin lugar a duda, para unos quitar la supremacía del Ejecutivo en la designación de Ministros, para otros es democratizar la designación de la integración de la SCJN.
El Plan C Judicial propone que el Senado emita la convocatoria para las elecciones, verificando que los candidatos cumplan con los requisitos de elegibilidad. Las postulaciones serían realizadas por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno proponiendo un número determinado de candidatos.
Este sistema plantea riesgos significativos, ya que, aunque busca democratizar el proceso, en la práctica podría llevar a una mayor politización del poder judicial. Los jueces y magistrados podrían estar sujetos a las influencias y presiones de los partidos políticos que los postulen, comprometiendo su independencia. Además, la reforma incluye la realización de elecciones extraordinarias para destituir a todos los actuales integrantes del poder judicial y reemplazarlos por los nuevos electos, lo que podría llevar a una captura partidista de la judicatura y una concentración del poder en manos del partido gobernante en un primer momento. Y posteriormente, a los designios de pesos y contrapesos partidistas, con la intermediación de urnas directas.
Esta propuesta no solo afectaría a la SCJN, sino también a los juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y tribunales locales, transformando profundamente la estructura y funcionamiento del sistema judicial en México. La reforma busca eliminar el Consejo de la Judicatura Federal y transferir sus funciones a un Tribunal de Disciplina Judicial con amplios poderes y pocos controles.
De manera tal, que el impacto de estas medidas sería enorme, cambiando la dinámica de la justicia en el país y potencialmente poniendo en riesgo los principios de imparcialidad y separación de poderes que son fundamentales para una democracia funcional.
¿Qué se requiere? un análisis exhaustivo y un debate amplio para evaluar las implicaciones de esta reforma y asegurar que cualquier cambio fortalezca, en lugar de debilitar, la justicia y la democracia en México. Sin embargo, lo peor que puede pasar, es que no se mueva nada y todo quede como está, que a decir de muchos –me incluyo-, hay que despabilar al poder judicial, ayudarle a encontrar un nuevo equilibrio para la nueva época en la que vivimos.
