El Instituto Federal de Defensoría Pública informó que Brenda Quevedo Cruz ha sido liberada tras 15 años de prisión preventiva por su presunta implicación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. La medida fue ordenada por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en cumplimiento de la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito.
Quevedo Cruz fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México el 25 de septiembre de 2009. En ese momento, se le imputaron cargos por delincuencia organizada y privación de la libertad en la modalidad de secuestro. Desde su llegada a México, fue internada en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, donde permaneció bajo prisión preventiva.
El pasado 21 de junio, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito determinó que la prisión preventiva de Quevedo Cruz debía cesar, ya que no se justificaba su prolongación por tratarse de una medida excepcional. El tribunal consideró que los factores que inicialmente motivaron la prisión preventiva habían cambiado con el tiempo y que no existía una necesidad actual y real para su continuación.
El juez del Distrito Primero de Distrito de Procesos Penales modificó la medida cautelar de prisión preventiva, sustituyéndola por arraigo domiciliario. Quevedo Cruz deberá portar un localizador electrónico y estará bajo vigilancia de la Policía Federal Ministerial. Además, tiene prohibido salir de la zona conurbada de la Ciudad de México y del país sin autorización judicial, y no puede comunicarse o acercarse a la víctima indirecta del caso. El costo del localizador electrónico será cubierto por la Fiscalía.
La Defensoría Pública, que ha representado a Quevedo Cruz desde su extradición a México, ha interpuesto diversas acciones legales desde septiembre de 2009 para modificar la medida cautelar impuesta. Finalmente, la resolución judicial que permitió su liberación fue obtenida en junio de 2023.
El caso de Brenda Quevedo Cruz también ha sido objeto de interés por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estudia posibles violaciones a sus derechos humanos en el contexto del caso Wallace.
