Giovanni Góchez
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, descartó recurrir a las Asociaciones Público-Privadas (APP) para construir un penal que ayudaría a disminuir la población en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
Durante conferencia de prensa, confirmó que una empresa se acercó al Gobierno del Estado para hacerle una oferta al respecto.
Detalló que la firma se haría cargo de la construcción y la operación del inmueble, lo que costaría al erario 20 mil millones de pesos.
“Les dije no, conmigo no cuenten para ese tipo de proyecto, si ya me dejaron 50 mil millones (de deuda)”, expresó Barbosa Huerta.
Recordó que las APP mantienen con una gran deuda a la administración estatal, luego de ser adquiridas en gobiernos pasados.
“Estas obras que se ejecutaron y por las cuales se llevaron a cabo las asociaciones publicas privadas, son endeudamientos muy fuertes, entonces estamos haciendo renegociaciones generales (con los acreedores)”.
Agregó que su administración busca fondos para el proyecto, que tendría un costo de dos mil millones de pesos, toda vez que no hay recursos federales para estas obras.
