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La diputada Carvajal Isunza plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

En sesión ordinaria, la Mesa Directiva dio cuenta de iniciativas para reformar la Constitución, el Código Penal y la Ley de Vivienda

Con el objetivo de contemplar acciones afirmativas en el marco jurídico local, el diputado José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez presentó una iniciativa de reforma al artículo 88 de la Constitución Política del Estado, para establecer que se deberá propiciar la inclusión de personas indígenas en el Poder Judicial. 

La iniciativa presentada en sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, indica que la Ley establecerá las bases, órganos y procedimientos para el ingreso, formación, actualización, permanencia, promoción, adscripción, vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados, así como de los funcionarios del Poder Judicial, observando el principio de paridad de género y propiciando la inclusión de personas indígenas con Licenciatura en Derecho.

La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su estudio y resolución procedente.

Como parte de la sesión ordinaria, también se dio cuenta de la iniciativa del diputado Eduardo Alcántara Montiel, en la cual se establece una reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, para indicar que, en cuanto al derecho a la salud, el Estado garantizará su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, por lo cual, deberá garantizar de forma oportuna, permanente y constante, el abastecimiento de medicamentos.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud para su estudio y dictaminación correspondiente.

En tanto, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar los artículos 57 y 72 de la Ley de Vivienda, con el propósito de actualizar la denominación de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla por el de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Asimismo, se dio cuenta de la iniciativa del diputado Oswaldo Jiménez López para reformar las fracciones IV y V y adicionar la fracción VI al artículo 18 de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, con la finalidad de considerar dentro de los objetivos del Sistema Estatal de Vivienda, entre otros, promover la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias estatales relacionadas con este rubro.

Las iniciativas de la diputada Azucena Rosas Tapia y del diputado Oswaldo Jiménez López fueron enviadas a la Comisión de Vivienda para su análisis y resolución procedente.

Por otra parte, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de la diputada Jocelyn Olivares López para reformar el artículo 453 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y derogar los artículos 454, 455, 456, 457 y 458 del mismo ordenamiento legal para quedar de la siguiente forma:

Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización a la persona que adquiera enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio estatal o de éste hacia fuera o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando procedan o representen el producto de una actividad ilícita.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión ordinaria, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de contar con un marco normativo armonizado con la Ley General y diferir en el marco normativo lo que establece la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.

En sesión ordinaria de Pleno se presentaron iniciativas en materia de igualdad de género y no discriminación

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de procuración de justicia para quienes pertenecen a los grupos LGBTTTIQA+, la diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó un paquete de iniciativas para reformar el Código Penal y la Ley Orgánica de la fiscalía general del Estado de Puebla.

En sesión ordinaria de la LXI Legislatura la diputada presentó una iniciativa por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para incluir el concepto de perspectiva de diversidad sexual, entendido como la aplicación de metodología, mecanismos y protocolos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión las personas que pertenecen a las poblaciones de la diversidad sexual y de género; además, que se aplique por el Ministerio Público.

La segunda iniciativa es para adicionar un segundo párrafo al artículo 229 del Código Penal, a fin de sancionar a quien profiera o difunda ideas que inciten a la hostilidad o a realizar actos de violencia mediante redes sociales en relación con una persona o un grupo debido al origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, la identidad de género, la expresión de género, la edad, las discapacidades, entre otras.

En la tercera iniciativa se propone una reforma al primer párrafo del artículo 330 Bis, y la adición del 330 Quáter al Código Penal, para establecer que, a quien, por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, prive de la vida a una persona, se le impondrán de veintidós a cincuenta años de prisión.

Además, se indica que existen razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género cuando quien cometa el delito manifieste de cualquier forma su repudio, odio, rechazo u otro tipo de expresión, voluntad o actitud discriminatoria hacia la comunidad LGBTTTIQA+ o hacia las personas en general, motivado por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género.

Las tres iniciativas de la diputada Tonantzin Fernández Díaz fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración y de Justicia, para su estudio y resolución procedente.

En otro momento de la sesión, la diputada Jocelyn Olivares López presentó una iniciativa para derogar los artículos 213 y 214 del Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar las sanciones establecidas a quien sabiendo que padece un mal venéreo o cualquier otra enfermedad crónica o grave que sea transmisible por vía sexual o por cualquier otro medio directo, pusiere en peligro de contagio la salud de otra persona.

Al respecto, la diputada puso énfasis en la discriminación que viven las personas con VIH/SIDA o alguna infección de transmisión sexual, pues se deja en segundo plano a la prevención y atención de las enfermedades.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.

Durante la sesión ordinaria se dio cuenta de la siguiente iniciativa y punto de acuerdo: 

La propuesta de la diputada Nancy Jiménez Morales a fin de reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de armonizarla con la Ley General en la materia y establecer que las políticas públicas tendrán como principios rectores la igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural, así como la universalidad, inalienabilidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, protección y garantía de los derechos humanos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.

Finalmente, el punto de acuerdo de la diputada Laura Zapata Martínez para exhortar a los 217 Ayuntamientos a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado para generar diagnósticos y campañas que visibilicen los problemas que enfrentan las mujeres cuidadoras.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

La propuesta indica las bases que deberán contener las políticas que combatan la corrupción

 Se pretende evitar que las mujeres sean violentadas en el espacio digital, así como establecer mecanismos jurídicos para hacer frente a este problema y sancionarlo

También presentaron iniciativas a favor de niñas, niños y adolescentes, así como en materia de rendición de cuentas, vivienda y procedimientos electorales