Esto es perfectamente comprensible en un país en donde la violencia y la corrupción de alto nivel han azotado la vida cotidiana durante los últimos años.
Actualmente, las redes sociales y el internet permiten visualizar en tiempo real luchas concretas, como las de los grupos feministas o las de la población LGBTTIQ.
Así, atestiguamos o, quizá promovemos activamente, avances en materia de derechos humanos, como la aprobación del matrimonio igualitario, o estamos pendientes de la lucha por la despenalización del aborto, o nos emocionamos ante la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes.
Todos estos temas son importantes, por supuesto, pero en esta columna quiero llamar la atención hacia un grupo fundamental en la configuración de la sociedad y en la solución o complicación de casi cualquier problema: niñas, niños y adolescentes.
A pesar de que a nivel nacional existe un movimiento de organizaciones civiles que promueve los derechos de las infancias y las adolescencias, hace falta que tanto la comunidad, como los diferentes niveles de gobierno, ubiquen la protección y el desarrollo infantil como una verdadera prioridad.
Diversas ciencias, desde la economía hasta la psicología, aportan evidencia de que lo que sucede con niñas, niños y adolescentes define aspectos fundamentales para cualquier sociedad.
La ecuación Heckman, la teoría del apego de Bowlby o el estudio de Experiencias Adversas durante la Infancia de Felitti y Anda, son unas pocas muestras.
Sin embargo, estamos lejos de asumir el cuidado y la protección infantil como cuestiones de verdadera importancia. De hecho, en México, niñas, niños y adolescentes enfrentan severos niveles de violencia y precariedad, así lo apuntan las siguientes estadísticas oficiales, recopiladas por el movimiento #MxporlaNiñez en 2018: 4 de cada 10 delitos sexuales son cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes; sólo el 1.9% del anexo transversal número 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación se destina a protección infantil; 14.9% de niños, niñas y adolescentes no asiste a la escuela; y 53.9 % de niñas, niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza.
Estas cifras, que reflejan condiciones ya de por sí complejas, se combinan con otros datos que vuelven más sombría la realidad de niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel nacional como en planos más locales.
Por ejemplo, a fines de 2019, Save the children y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) dieron a conocer que entre 2015 y 2019, en el estado de Puebla, 173 personas menores de 17 años habían sido asesinadas a causa de la violencia del crimen organizado, esto con base en datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Podríamos extender esta reflexión sobre otros temas sensibles, como el embarazo adolescente, la explotación sexual comercial o el feminicidio infantil, que tampoco son ajenos a nuestras realidades municipales.
En este contexto, es pertinente resaltar los avances que se han dado en el marco legal. La publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en 2014, y la reciente modificación del Código Civil Federal para prohibir el castigo corporal, en diciembre del año pasado, son pasos significativos, aunque no suficientes, en dirección al mejoramiento de las condiciones de la infancia y la adolescencia en México.
No debemos perder de vista que, sosteniendo las estadísticas y empujando cambios legislativos e institucionales, se encuentran casos concretos, de niñas, niños y adolescentes que enfrentan adversidades -o que incluso han muerto en el intento- cada uno a causa de múltiples factores psicológicos, antropológicos, políticos y económicos, que vale la pena analizar seria y constantemente, para poder desarrollar prácticas que nos acerquen a convertirnos en una sociedad más respetuosa de la niñez y, por lo tanto, más segura y más prospera.
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De la autora
Es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha realizado investigación sobre la relación entre infancia, juventud y violencia en contextos de precariedad y es autora de diversos artículos académicos al respecto.
Fue directora del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Puebla y desde hace 18 años trabaja en la promoción de los derechos de este sector de la población.
La incidencia política y la coordinación del trabajo en redes han sido campos en los que se ha desarrollado durante los años recientes. Actualmente es consultora en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, enfoque de género y desarrollo de proyectos.
Disfruta la docencia y a nivel universitario imparte asignaturas relacionadas con los derechos humanos y la responsabilidad social.
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