Israel Mendoza Pérez
@imendozape
El proyecto insignia de la cuatroté, el Tren Maya, asentado en el sureste del país, es torcido por intereses de empresas contratistas que descarrilan el proyecto político-económico del presidente Andrés Manuel López Obrador, al detectarse malos manejos del presupuesto.
El reciente escándalo son los conflictos que ensombrecen al contrato otorgado a Construcciones y Trituraciones, (Cotrisa) por ICA. La suma asciende a 3 mil 600 millones de pesos destinados al diseño, suministro y ejecución del proyecto eléctrico para el Tramo 4. Sin embargo, el origen de la controversia se encuentra en la empresa IMA Especialistas en Electrificación Ferroviaria (IMAEEF), contratada por Cotrisa y encargada de la ejecución de la red eléctrica del tramo en cuestión.
La trama se enreda, ya que fuentes internas indican que, aunque IMAEEF se comprometió a supervisar la instalación, suministro y construcción del sistema de catenaria a cambio de los 3 mil 600 millones de pesos, los conflictos internos y malas prácticas sugieren retrasos de hasta dos meses. En el centro del conflicto se encuentra Elizabeth Escamilla Gerónimo, accionista minoritaria de IMAEEF, quien pretende controlar una porción significativa del contrato.
Las denuncias presentadas en la Ciudad de México y Yucatán indican que Escamilla Gerónimo llevó a cabo acciones ilegales, como el despido de técnicos especializados, la inclusión de personas cercanas a ella, la organización de reuniones ficticias para expulsar a Eric Pipiorski, dueño del 70 por ciento de las acciones de la empresa, y una supuesta conspiración con Emiliano Vargas, representante legal de Inver-Planning, para apoderarse de los fondos federales con la ayuda de funcionarios como Liliana Gutiérrez Robles, encargada de la Notaría 44.
El desalojo forzado de empleados y directivos de IMAEEF de sus instalaciones en Yucatán y la capital del país a finales de abril fue un golpe bajo para la firma. Coordinado por el bufete Cervantes Abogados, este incidente derivó en la confiscación de oficinas, equipos, vehículos y correos electrónicos. El impacto de este suceso se proyecta más allá de la esfera privada, pues no solo implica recursos públicos, sino también un potencial retraso de dos meses en un proyecto que ya tiene fecha de inauguración.
Y es que el Tren Maya es la obra más polémica del sexenio, ya que desde 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares, ya cuenta con un abultado expediente sobre diversas irregularidades en el presupuesto otorgado a la obra. Según la ASF, hay hasta mil 414 millones 934 mil 377 pesos en montos por aclarar durante 2021, el tercer año de construcción del Tren Maya. En 13 auditorías realizadas al Fonatur, encargado de la implementación del proyecto, la autoridad dio cuenta de pagos en exceso por diversos materiales y servicios.
Entre los tramos que presentan más irregularidades se encuentra el Tramo 4, que se extiende desde Izamal en Yucatán hasta Cancún en Quintana Roo, y que está bajo la responsabilidad de la constructora ICA, al frente de Guadalupe Phillips. Según los datos de la ASF en la auditoría 115, resultado 3, centrada en dicho tramo, se detectó una anomalía de 646 millones de pesos.
La cauda de irregularidades está a la vista. Los conflictos sobran y la obra insignia corre el riesgo de convertirse en un bache profundo, en la recta final, de la cuatroté.
