Pantallas inteligentes de última generación, de 70 pulgadas, con costos que rondan el equivalente a los mil dólares, fueron el regalo que la secretaria de Economía del Gobierno del Estado, Olivia Salomón Vivaldo, entregó a una lista reducida de directores de medios de comunicación.

Tener relaciones con Jesús Zambrano Grijalva, dirigente perredista, quien es además paradigma de las alianzas más oscuras que se han dado en el país -ha sido protagonista de todas ellas con la parte corrupta del PRI-AN, en la historia reciente-, representa una inocultable carga riesgosa. Hace 20 años que el sonorense vive al amparo de los negocios y el poder y está públicamente referido, con abundancia.

 El Gobierno de Puebla es el único que ha hecho frente a este abuso que la empresa justifica tramposamente con la oferta-demanda

En la cita con las urnas del próximo 5 de junio de 2022, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados ganarán -así lo indican todas las mediciones a disposición- cinco de las seis gubernaturas en disputa y, con ello, el lopezobradorismo gobernará en 23 de las 32 entidades del país. Será un control territorial y político que se acerca al absolutismo.

Tras el régimen de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de abusos permanentes y que exacerbó la de por sí grave desigualdad que sufre Puebla; luego de la horda de ladrones que hizo del gobierno un modelo de negocios; después de la conscupiscencia de una clase política que hoy ha huido enriquecida; al pasar la noche oscura de la cuasi dictadura de ocho años del morenovallismo, que arregló elecciones y perpetró fraudes, han pasado ya dos años y poco más de cuatro meses de un gobierno que llegó en 2019, con Miguel Barbosa Huerta a la cabeza.

Leobardo Rodríguez Juárez, quien hace apenas un lustro aplaudía a rabiar a José Antonio “Tony” Gali Fayad y al morenovallismo, es hoy un regidor en Puebla capital que tiene el muy ingrato encargo de defender lo indefendible: los resabios de la administración de su jefa política, Claudia Rivera Vivanco, cuya gestión está bajo la acuciosa presunción de anomalías y hasta ilegalidades, que se reflejan en más de 2 mil observaciones que se hicieron en el proceso de entrega-recepción.

Los surcos profundos en el entrecejo adusto, de piedra, de enorme tensión de Moisés Ignacio lo mostraron ayer todo: la preocupación y la frustración. El lenguaje no verbal y el ceño tan fruncido dijeron más que sus palabras.

Ignacio Mier Bañuelos, alcalde de Tecamachalco, Puebla, debe solicitar licencia (los cargos de elección popular son irrenunciables) y no volver al ayuntamiento, sino hasta que compruebe, en caso de que así pueda hacerlo, que no tuvo responsabilidad en la masacre del viernes -como dijera aquel clásico- “ni por omisión”.

Con una versión torcida y mentiras absolutas, regidores y diputados locales y federales, afines a la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y al legislador estatal, Carlos Alberto Evangelista Aniceto -recién destituido como enlace del CEN de Morena-, ofrecieron una conferencia de prensa para acusar a la actual administración municipal de Puebla capital de violar los derechos laborales de los nuevos 100 basificados (sic), que le fueron heredados, con un proceso de última hora y sumido en el desaseo, a la administración de Eduardo Rivera Pérez.

Se equivoca, con la simpleza del precoz, quien ve en los cambios en las delegaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, solamente y por anticipado, la ruta hacia las sucesiones de 2024, porque antes, mucho antes, y con la mayor importancia para el presidente Andrés Manuel López Obrador, está la consulta popular sobre la revocación o ratificación de mandato -las dos formas de verlo son correctas-, que ocurrirá, si se consiguen primero las casi 4 millones de firmas, el 10 de abril de 2022.