El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue sentenciado a más de 38 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva. La condena fue dictada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por el juez Brian Cogan, conocido por haber impuesto cadena perpetua a Joaquín "El Chapo" Guzmán.
García Luna, quien fuera el encargado de la seguridad nacional durante el gobierno de Felipe Calderón, enfrentó cinco cargos que incluían participación en una organización delictiva, conspiración para la distribución e importación de cocaína, y mentir a las autoridades estadounidenses. El juicio contó con testimonios clave de capos del narcotráfico, como Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, y Jesús Zambada, conocido como "El Rey", quienes aseguraron que García Luna recibió sobornos a cambio de protección y acceso a información confidencial.
El exfuncionario, detenido en Dallas, Texas, en diciembre de 2019 por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), escuchó su sentencia vestido de civil, acompañado por su esposa Cristina Pereyra, quien también enfrenta cargos en México por lavado de dinero. El juez Cogan fue tajante al señalar que García Luna, de 56 años, compartía una "mente nublada" similar a la de Guzmán Loera.
El caso contra García Luna comenzó en 2020, cuando fiscales del Departamento de Justicia lo acusaron de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa mientras ocupaba su cargo en México. Aunque los fiscales solicitaron cadena perpetua, el juez impuso una condena menor de 38 años, un revés para el equipo que lo procesó.
Durante el juicio, diversos narcotraficantes declararon que García Luna facilitaba información crucial y permitía el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de millones de dólares. Estas declaraciones se sumaron a las pruebas que lo vincularon directamente con las actividades del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
Pese a la condena, García Luna aún tiene la posibilidad de reducir su pena. Según las autoridades, podría negociar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para convertirse en testigo cooperante. De aceptar este trato, su condena podría reducirse significativamente, e incluso podría quedar en libertad en menos de siete años, considerando el tiempo que ya ha pasado en prisión desde su arresto.
Si decide colaborar, García Luna tendría que proporcionar información sobre otros funcionarios mexicanos, incluidos militares, policías y posibles expresidentes que, según las investigaciones, también habrían estado involucrados con el narcotráfico. Esto implicaría revelar detalles de la red de corrupción que, según los testigos, operó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox.
El abogado de García Luna, César de Castro, había solicitado una pena de 20 años de prisión, argumentando que una sentencia mayor sería desproporcionada. Sin embargo, la Corte no cedió a esta petición y dictó una condena mayor, aunque inferior a la cadena perpetua que buscaban los fiscales.
En México, las autoridades también lo esperan. García Luna enfrenta varias órdenes de aprehensión por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos. No obstante, si acepta cooperar con el gobierno estadounidense, podría evitar su extradición y las acusaciones pendientes en su país de origen.
