Grupos de defensa de los derechos civiles, liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), interpusieron una demanda el martes contra la nueva ley respaldada por los republicanos en Texas.
La legislación, conocida como SB4 y firmada por el gobernador Greg Abbott, confiere amplios poderes a los funcionarios estatales para detener, procesar y deportar a personas que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
La demanda, presentada en el tribunal federal de Austin, Texas, argumenta que la ley viola de manera ilegal la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de migración del país, según la Constitución. Además, los activistas señalan que la legislación, que entrará en vigor en marzo, impide ilegalmente a los migrantes solicitar asilo u otras protecciones humanitarias al gobierno estadounidense.
Adriana Piñon, directora jurídica de la ACLU en Texas, calificó la ley como una de las medidas más extremas de represión de la migración adoptadas por un estado estadounidense. En un comunicado, Piñon afirmó que la ley ignora principios constitucionales fundamentales y desacata la ley federal de migración, afectando especialmente a las comunidades de color.
La legislación permite a los jueces estatales ordenar la deportación de personas, imponiendo penas de hasta 20 años de prisión para aquellos que se nieguen a cumplirla. La aprobación de la medida en noviembre por la legislatura de Texas, controlada por los republicanos, ha generado controversia.
Expertos legales, como Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de migración en la Facultad de Derecho de Cornell, señalan la vulnerabilidad legal de la ley de Texas. Yale-Loehr hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de 2012, que dictaminó que Arizona no podía autorizar a los funcionarios estatales a detener y procesar a personas por estar ilegalmente en Estados Unidos, ya que esa es competencia exclusiva del gobierno federal.
En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, consideró que esa ley no serviría para aumentar la seguridad en las poblaciones texanas cercanas a la frontera con México.
Según la portavoz de Joe Biden, la legislación impulsada por el gobernador texano, el republicano Greg Abbott, demoniza y deshumanizaba profundamente a los migrantes que llegaban a Estados Unidos.
“Esto no es lo que debemos ser como país”, reivindicó Jean-Pierre, quien recordó que la medida se sumaba a una serie de políticas antimigración de Abbott, como la colocación de alambres de púas en la frontera.
Al ser cuestionada por la prensa, la portavoz no aclaró si la Administración de Biden demandaría a Texas por esta ley, como ya había hecho en anteriores ocasiones, y dijo que esta era una decisión que debía tomar el Departamento de Justicia.
El escenario ha llevado a una respuesta por parte de legisladores mexicanos. Ante la iniciativa del gobernador Abbott, miembros del Congreso de la Unión han expresado su respaldo a las acciones que decida emprender el presidente Andrés Manuel López Obrador para impugnar la ley. Héctor Saúl Téllez, diputado panista, considera inhumana la propuesta texana y sugiere la posibilidad de enviar una carta diplomática desde el Congreso en protesta.
El senador morenista, Eduardo Ramírez, denunció el carácter discriminatorio de la ley y sugiere recurrir a instancias internacionales para impugnarla. Germán Martínez, senador del Grupo Plural, respalda la postura de la Federación y la cancillería mexicana en el rechazo a la ley antimigrante. Martínez instó al cumplimiento de compromisos internacionales y criticó la discriminación hacia la migración menos favorecida.
El presidente López Obrador ha anunciado que su gobierno está tramitando una impugnación formal a la ley antiinmigrante promulgada por Abbott. Expresó su rechazo a estas medidas y aseguró la defensa constante de los migrantes mexicanos. Además, criticó la estrategia del gobernador texano, acusándolo de buscar ganar popularidad a expensas de los migrantes y recordando la historia de Texas como parte de México.
