Sobre este caso que ha causado la indignación social en Puebla, la doctora en psicología Elsa Herrera Bautista advierte sobre la revictimización de las menores y la madre y de las carencias de los jueces del TSJ de Puebla en perspectiva de género y defensa de la infancia, pero además exhibe que la autoridad judicial ha minimizado su gravedad.
“Este caso ejemplifica la aplicación de la ley sin enfoque de género y sin enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia. Con la ‘reclasificación’ del delito, de violación a estupro, claramente se favorece al agresor y no se toman en cuenta las afectaciones emocionales y sociales que hay en el bienestar de las víctimas directas e indirectas”, estableció la especialista en temas de la infancia que ha asesorado a Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales.
Elsa Herrera Bautista consideró que “la tipificación misma del delito de estupro es contraria al enfoque de derechos de infancia y adolescencia, porque si una persona adulta sostiene relaciones sexuales con una persona menor de edad, esto debería ser tratado como violación, aunque se contemplen atenuantes como si la diferencia de edad es menor de tres años”.
La también académica en psicología y sociología, advirtió que en este caso que se registró en el municipio de Huauchinango, hay agravantes que se han pasado por alto.
“En este caso, dado que quien comete la agresión es el padrastro, es decir, alguien que compartía domicilio y tenía la obligación de velar por el bienestar de la adolescente, el delito adquiere una mayor gravedad.
“Cuando las autoridades actúan con un sesgo que minimiza el daño sufrido por las víctimas, dejando en libertad a los agresores (delincuentes) y aplicando la ley a modo para aplicar sanciones leves, el mensaje de impunidad que se envía a la sociedad favorece que el delito se siga cometiendo y que las víctimas, mujeres y niñas, continúen en una posición de vulnerabilidad”, advirtió Herrera Bautista.
