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En el marco de la campaña de 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR),  presentó un estudio denominado "Afrontando riesgos de violencia de género en México: la perspectiva de personas forzadas a huir", en el que se refleja "que las personas en trayectorias migratorias o de movilidad irregulares, sin acceder al sistema de asilo, encuentran mayores riesgos de exposición a violencia de género, y que la desconfianza provoca que se acerquen con menor frecuencia a servicios de respuesta."

Los tipos de violencia van desde la privación de su libertad, matrimonios forzados, secuestros extorsivos, discriminación y racismo, por mencionar algunos.

Y es que diariamente, a lo largo de todo el país, mujeres migrantes de todas las edades enfrentan maltrato, discriminación, abandono, abuso, violencia en su camino hacia Estados Unidos, incluso de autoridades, lo que agrava su desconfianza para acercarse a algún centro de ayuda o institución a solicitar apoyo, orientación o asilo. Su exposición a la violencia de género desde que salen de sus comunidades, durante su tránsito, al llegar a su destino o en su retorno cuando son deportadas, es mucha, dejando una huella muy profunda en ellas.

La buena noticia es que cada día se crean más organismos e instituciones que les brindan acompañamiento, la mala es que el número de mujeres, niñas o adolescentes viajando solas o con su violentador, es muy alto y hay zonas donde la autoridad o las organizaciones no pueden brindarles apoyo, como en zonas selvaticas, el desierto o cuando caén en manos de la delincuencia.

Todavía queda mucho por hacer para disminuir su exposición a los riesgos de la migración ilegal.

Trump, ¿unifica o divide a Estados Unidos?

Las últimas mediciones publicadas por el Centro de Investigación Pew (Pew Research Center) demuestra que el 59 por ciento de los norteamericanos tiene desconfianza en que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, unifique al país, ante la división que prevalece desde la elección, principalmente con los seguidores demócratas y con las políticas que propone para su próximo mandato.

Aunque el 41 por ciento tiene la confianza de que sí motive a la unidad.

Sin embargo, en la Unión Americana, ya hay una evidente división entre los estados santuario, conocidos así por cobijar a miles de migrantes, con aquellos estados o ciudades que apoyan las políticas antiinmigrantes de Donald Trump.

Por ejemplo, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, respondió fuerte a los próximos operativos de deportación masiva que se realizarán en todo el país, pues dijo que desde su posición continuará defendiendo la estadía de miles de migrantes. Lo mismo que estados como California o Illinois que protegen, reconocen y valoran la aportación de los migrantes con y sin documentos, a la economía local.

Mientras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, empoderó sus acciones y su discurso antiinmigrante desde el triunfo de Donald Trump.

Será hasta el 20 de enero que Trump rinda protesta, pero la polarización al interior de Estados Unidos, creada en la campaña electoral, crece día con día.

Este 4 de diciembre se llevó a cabo un foro virtual con motivo de los diez años de la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Quienes participaron, especialistas con muchos años de trabajo en organizaciones civiles, e integrantes de diversos Sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA), reconocieron los grandes avances que se han dado en relación con la conceptualización y el tratamiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos en México. Sobre todo, aludieron al andamiaje y a la coordinación  institucional que  mandata la LGDNNA, así como al impulso a los principios rectores de la Convención de los Derechos de la Niñez, a saber: el interés superior de la niñez, la supervivencia y el desarrollo, la participación y la no discriminación. Asimismo, las y los representantes de las organizaciones civiles mostraron entusiasmo en relación con el nombramiento de la exdiputada morenista Lorena Villavicencio como secretaria ejecutiva del SIPINNA nacional, quien afirmó que está consciente de los retos y de la magnitud de su responsabilidad y también que trabajará en colaboración con la sociedad civil.

Personalmente, me resultó alentador presenciar estos diálogos en torno a la LGDNNA y al SIPINNA y saber que hay esperanza para su fortalecimiento, que se siguen articulando discursos y acciones para promover la protección y la participación infantil y adolescente, especialmente en contextos de violencia y vulnerabilidad, como la falta de cuidados parentales o la migración. Por supuesto, también se señalaron grandes retos, como la necesidad imperiosa de asignar presupuestos y lograr que el trato digno y respetuoso hacia niñas, niños y adolescentes se vuelva la regla, ya que todavía es más una excepción, en las distintas dependencias y procesos.

Escuchando estas impresiones, que estuvieron repartidas en varios paneles en los que el abordaje se hizo desde una perspectiva nacional (aunque hubo intervenciones puntuales de los SIPINNA de Chihuahua y Baja California), pensé en Puebla y en cómo aquí el SIPINNA no ha exhibido, en todos estos años, mayor trascendencia (si estoy equivocada corríjanme). Se realizan ceremonias de instalación, se nombran personas para ocupar la secretaría ejecutiva (siempre dentro del DIF), se organizan conferencias, consultas y foros, pero, en general, ni a nivel estatal ni en el plano nacional, hemos avanzado mucho en la construcción de una cultura de protección y participación infantil y adolescente. Tal debería ser, a mi juicio, el fin último de los SIPINNA.

En Puebla, hay datos que debería causar una mayor indignación y acciones de prevención y sanción sistemáticas. Por ejemplo, los casos de abuso sexual reportados en instituciones educativas. El titular de la SEP refirió, en días pasados, que durante 2023 y 2024 dicha institución ha recibido 49 denuncias por hostigamiento, acoso y abuso sexual en escuelas de todos los niveles de la entidad. Si las escuelas no son seguras y la mayoría de los abusos en contra de niñas y niños son perpetrados por familiares ¿qué dice eso de nuestra sociedad? ¿qué podemos esperar de otras instituciones?

Contamos con un mandato de ley para desarrollar una institucionalidad que promueva la protección y participación de niñas, niños y adolescentes y, más que eso, contamos con la urgencia de solventar graves problemas sociales, en muchos de los cuales, la infancia y la adolescencia resultan piezas clave. Quedo atenta, como supongo también lo están diversas organizaciones civiles, a las medidas que desplegará la administración estatal que está por comenzar, esperando que el Amor a Puebla implique respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes en la forma de presupuesto y políticas públicas efectivas.

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