Las campañas que concluyeron con el proceso electoral del 6 de junio pasado han sido las más violentas en homicidios dolosos en las últimas dos décadas, por eso, es urgente una evaluación exhaustiva y a profundidad de las decisiones y acciones de las autoridades para proteger los comicios con el fin de corregir, que no se vuelvan a repetir y que no haya impunidad, expresó el senador Clemente Castañeda.
Hoy, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Noé Castañón presentó a nombre del senador Clemente Castañeda un punto de acuerdo que solicita a la Secretaria de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que informen sobre los hechos de violencia ocurridos en el proceso electoral.
A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un informe detallado sobre la evaluación y gestión de la política de seguridad, y de los protocolos de atención y protección a candidaturas ejecutados dentro de la "Estrategia de Protección en Contexto Electoral".
A la Secretaría de Gobernación, un informe sobre hechos de violencia ocurridos durante la jornada electoral del pasado 6 de junio, desagregados a nivel municipal, así como un informe de riegos futuros para la democracia detectados en el ámbito local.
“La Estrategia de Seguridad en Contexto Electoral estuvo lejos de cumplir con la garantía de que las y los mexicanos ejercieran su derecho a votar y ser votados. Por ende, es necesaria una evaluación exhaustiva y a profundidad de las decisiones y cursos de acción tomadas por las autoridades pertinentes, en especial aquellas con funciones en materia de seguridad”, se lee en la propuesta del senador jalisciense.
El proceso de elecciones concurrentes 2020-2021 ha sido uno de los más violentos de la historia moderna del país: la violencia impidió el voto en 85 casillas; más de 89 candidatos y candidatas fueron asesinadas durante el proceso electoral; se registraron 782 políticos y candidatos víctimas de agresiones y violencias; y el 75 por ciento de las agresiones se registró contra candidaturas de oposición.
En total, suman 234 víctimas fatales relacionadas con el servicio público y el actuar político.
Entre los candidatos que fueron asesinados en campaña, están Abel Murrieta, Alma Barragán y René Tovar, candidatos por Movimiento Ciudadano para la Alcaldía de Cajeme, en Sonora; Moroleón, en Guanajuato; y Cazones de Herrera, en Veracruz.
“La violencia política representa un atentado a la democracia mexicana, además, compromete indudablemente la independencia, autonomía e integridad de las autoridades electas y el ejercicio del voto, afectando en fin último el marco institucional de nuestra democracia, y de los Derechos”, se lee en la iniciativa de Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano
“Esto representa uno de los principales retos aún sin resolver de una estrategia de seguridad y pacificación integrales”.
