El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lanzó un contundente llamado a Grupo Proyecta, desarrolladora del exclusivo complejo Lomas de Angelópolis y del polémico proyecto City Lomas, para que done dos hectáreas de terreno al Estado. La exigencia tiene como objetivo destinar ese espacio a la construcción de viviendas para policías, en un acto que el mandatario calificó como de “justicia social”.
La petición del gobernador tiene un trasfondo que evidencia el rostro más crudo del negocio inmobiliario en Puebla: el despojo de tierras comunales, las ganancias multimillonarias obtenidas a costa de campesinos, y la complicidad de décadas entre poder económico y político. "Les ha ido muy bien, que compartan la riqueza por el bien del Pueblo", señaló.
Solo pagaron 4 pesos por metro cuadrado
El origen de la fortuna de Grupo Proyecta, propiedad de los empresarios Alejandro Rafael Ventosa Posada y Rafael Posada Alonso, está marcado por el abuso. En 2016, la empresa obtuvo 245 hectáreas en Santa María Malacatepec a través de un contrato de usufructo con el comisariado ejidal, pagando apenas 4 pesos por metro cuadrado, una suma irrisoria frente a los precios actuales de la zona, donde el metro cuadrado se cotiza en más de 500 dólares.
A pesar de que las tierras eran comunales y, por ley, invendibles, el contrato incluyó la promesa de cambiar el uso de suelo para poder venderlas legalmente. Para mayor indignación, los propios empresarios fueron reconocidos como ejidatarios en el acuerdo, lo que ha sido calificado por activistas como una simulación para legalizar el despojo.
Inversión millonaria, aportación social mínima
City Lomas es un megaproyecto de lujo que contempla una inversión superior a los 730 millones de pesos, pero de esa cifra, apenas 20 millones se destinarán a medidas de mitigación ambiental. Mientras tanto, las comunidades originarias y los campesinos desplazados no han recibido una compensación justa, y la presión sobre los ecosistemas locales aumenta con cada metro de concreto vertido.
En este contexto, durante la presentación del Operativo Semana Santa, arrancado este viernes, el gobernador Armenta señaló que Grupo Proyecta ha sido uno de los grandes beneficiarios de decisiones gubernamentales, como la reubicación de la caseta de la autopista Puebla-Atlixco, que elevará aún más la plusvalía de sus terrenos.
“Quiero decirle a Grupo Proyecta que no tenemos nada en contra de ellos, esta petición de dos hectáreas está en apego a la ley. Queremos tener más empresas socialmente responsables”, expresó Armenta.
Un día antes, en la rueda de prensa mañanera del jueves, el mandatario hizo pública la petición realizada meses atrás a la empresa, y dio un plazo de 30 días para donar las dos hectáreas solicitadas. De no hacerlo, el gobierno iniciará un proceso de expropiación por utilidad pública sobre cuatro hectáreas, amparado en la Constitución.
El terreno se utilizará para construir viviendas para 14 mil 500 policías poblanos, en una inversión estatal de 145 millones de pesos. Tras el anuncio, el subdirector de la Policía de Proximidad, Erick Contreras Pérez Valderrama, agradeció al gobernador por impulsar esta iniciativa que, aseguró, representa “un acto de justicia para quienes arriesgan su vida por la seguridad del estado”.
“El desarrollo inmobiliario no puede ignorar su deuda con el territorio ni con la gente que ha sido marginada por el sistema. No pedimos caridad, exigimos justicia”, concluyó Armenta.
