La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la reforma a la Ley del Infonavit tiene como propósito erradicar la corrupción, garantizar la transparencia en el manejo de recursos de los trabajadores y priorizar la construcción de vivienda social.
Sheinbaum explicó que la ley busca establecer una estructura que asegure la correcta administración de los ahorros de los trabajadores. “El objetivo central del Infonavit es que los trabajadores puedan acceder a una vivienda, no solo distribuir recursos a desarrolladores inmobiliarios”, puntualizó.
El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, destacó que la reforma contempla incrementar los recursos del Fondo de Vivienda mediante el aumento del salario mínimo y alinear la gobernabilidad del instituto con la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), manteniendo su estructura tripartita.
Entre las principales acciones se incluyen:
Sistema de vivienda social ampliado:
- Créditos accesibles para quienes ganan menos de dos salarios mínimos.
- Desarrollo de vivienda, permitiendo al Infonavit adquirir terrenos y construir.
- Arrendamiento social con opción a compra, limitando el pago al 30 por ciento del salario del trabajador.
Creación de la constructora del Infonavit:
- Diseñada para proyectos de vivienda asequible, beneficiará a trabajadores con menores ingresos.
- Reducirá costos y tiempos de construcción mediante la compra consolidada de materiales.
- Priorizará la mano de obra local, incentivando el desarrollo económico regional.
- Las viviendas se ubicarán en zonas urbanas con acceso a servicios básicos como agua, electricidad, transporte y educación.
Homologación de órganos de gobierno:
- Se mantendrá el tripartismo paritario (gobierno, trabajadores y empresarios).
- El director general será designado y removido por la Presidencia de la República.
- Se eliminarán las direcciones sectoriales que no tienen funciones sustantivas, pero sí altos ingresos.
- Se terminará el pago por asistencia a sesiones, donde actualmente se perciben entre 60 y 90 mil pesos por reunión.
Fiscalización y transparencia
Romero Oropeza subrayó que, con la reforma, el manejo de recursos será trazable y transparente, permitiendo la fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Esto asegura que los trabajadores tengan confianza en que sus fondos están protegidos y destinados a la vivienda social”, concluyó.
Con estas medidas, el gobierno federal busca combatir el rezago en vivienda social y garantizar que los recursos de los trabajadores se utilicen de manera efectiva y responsable.
