Integrantes del movimiento feminista nacional “Por Ella, Por Todas” expresaron su enérgico repudio ante la actuación del Fiscal del Estado de Querétaro, Víctor Antonio Jesús Hernández, quien solicitó encarcelar a una menor de 14 años tras sufrir violación y un aborto espontáneo. En respuesta, el colectivo exigió su destitución o, en su defecto, un juicio político, señalando que el funcionario ignoró la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual prohíbe criminalizar a mujeres y niñas por ejercer derechos reproductivos.
El caso generó indignación en grupos de defensa de derechos humanos y feministas, pues en su denuncia señalan que el Fiscal Hernández busca imponer tres años de prisión a la adolescente en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes. Además, el funcionario solicitó una compensación de 518 mil pesos para el hombre que fue identificado como el presunto padre del producto, una medida que, según el colectivo, minimiza la violencia sufrida y refuerza la impunidad del agresor.
La adolescente, identificada como Esmeralda para proteger su identidad, fue vinculada a proceso y actualmente se le ha impuesto arresto domiciliario. Durante la audiencia intermedia, el juez admitió testimonios sobre la conducta sexual previa de la joven, pese a que el Código Penal y la SCJN prohíben el uso de este tipo de pruebas en juicios de violencia de género y en casos que implican a menores de edad. Esta audiencia sugirió la apertura de un juicio oral en próximas semanas.
“Es inaceptable que se criminalice a una niña de 14 años, víctima de violación, mientras el agresor permanece en libertad”, declaró el movimiento “Por Ella, Por Todas”, resaltando que estos actos violan el interés superior de la niñez y vulneran derechos fundamentales como la autonomía y la seguridad personal.
El movimiento también expuso que la Fiscalía de Querétaro mantiene abiertas siete carpetas de investigación en las que se busca procesar a otras mujeres por ejercer derechos reproductivos. Para el colectivo feminista, estas acciones evidencian una tendencia conservadora y misógina en el gobierno local, que, según señalaron, “pretende invadir la esfera personal de decisiones de las mujeres y niñas”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de la Ciudad de México, fue reconocida por el movimiento debido a su firme postura contra la criminalización de Esmeralda, defendiendo el derecho de las mujeres, especialmente las niñas, a decidir sobre su sexualidad y reproducción, en línea con los principios de la SCJN.
Finalmente, el colectivo solicitó al Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, que garantice la seguridad de la menor afectada y tome medidas legales inmediatas para detener y encarcelar al agresor.