El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a los trabajadores del Poder Judicial que la reforma que promueve en el Congreso no afectará sus derechos ni empleos.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que el conflicto se centra en los altos funcionarios del Poder Judicial, como jueces, magistrados y ministros, a quienes responsabilizó de la corrupción en la institución.
Insistió en que su gobierno no reprimirá a los empleados en huelga, respetando su derecho a manifestarse, aunque recalcó que el movimiento no generará mayores consecuencias.
Los trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro nacional indefinido para protestar contra la reforma, la cual plantea elegir por voto popular a los juzgadores y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) suspendió labores desde el primer minuto del miércoles, limitándose a atender casos urgentes, mientras que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral continuarán operando.
En diversas partes del país, se han replicado manifestaciones en rechazo a la reforma, siendo el Palacio de Justicia Federal San Lázaro uno de los puntos de mayor concentración.
En Puebla, la protesta se expresó con un moño negro y la frase "El día que los jueces y juezas tengan miedo, ninguna persona podrá dormir tranquila", acompañada del grito "¡El Poder Judicial no va a caer!". Trabajadores con veladoras denunciaron que la democracia en México "está muerta".
López Obrador reiteró que el paro no afectará a la población, argumentando que los jueces y magistrados en huelga no están atendiendo a la ciudadanía. Añadió que "no pasa nada" con el movimiento y que, en realidad, los trabajadores se beneficiarán en lugar de perjudicarse.
Además, anunció que solicitará a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y a la consejera jurídica del Poder Ejecutivo, Estela Ríos, que envíen un oficio a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, para resolver dos expedientes fiscales con un valor de 35 mil millones de pesos, que no han sido tramitados.
López Obrador subrayó que, si la ministra no está en huelga, debería resolver el asunto con prontitud, indicando que la demora en la resolución no tiene justificación constitucional.
El tema fue turnado a la ministra Piña hace más de un mes, pero hasta el momento no se ha procesado. Según el presidente, no debería haber obstáculo para que se emita un fallo, dado que ya se resolvió en las instancias correspondientes.
