El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el paro de labores en el Poder Judicial es ilegal, pero consideró que no afectará a la mayoría de los mexicanos.
Durante su conferencia matutina, el mandatario minimizó el impacto de la suspensión de actividades, afirmando que, por el contrario, podría resultar beneficioso, ya que los jueces, magistrados y ministros no tendrán oportunidad de liberar a delincuentes del crimen organizado ni a criminales de cuello blanco.
López Obrador subrayó que su gobierno respetará la protesta, aunque enfatizó que no es su responsabilidad sancionar a los trabajadores que se sumen al paro, sino del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
A pesar de esto, insistió en que la huelga no tendrá repercusiones negativas significativas y que "no va a suceder nada" de importancia.
El presidente expresó preocupación únicamente por un expediente relacionado con 25 mil millones de pesos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual, consideró, debería avanzar.
No obstante, reiteró que la suspensión de actividades no impactará de manera relevante al país y que su administración garantizará el derecho a la huelga y a disentir.
En relación con la propuesta de reforma al Poder Judicial, López Obrador destacó que ésta busca un método democrático para la elección de ministros, magistrados y jueces, la creación de un órgano de vigilancia de los juzgadores, la evaluación de su desempeño y la implementación de medidas de austeridad y transparencia.
Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, detalló que la renovación de los cargos se llevará a cabo en dos etapas, con la participación de toda la ciudadanía en una elección organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, advirtió que, si el paro en el Poder Judicial afecta a terceros, habrá repercusiones contra quienes lo promuevan. Aunque reconoció el derecho de los trabajadores a manifestarse, subrayó que no deben obstaculizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales. La reforma también establece que los cargos en el Poder Judicial serán ocupados alternando entre hombres y mujeres para garantizar la paridad de género.
Finalmente, la reforma propone que los jueces y magistrados sean evaluados periódicamente y puedan ser destituidos por mal desempeño. Además, se busca eliminar los privilegios salariales y pensiones vitalicias que actualmente gozan los altos funcionarios del Poder Judicial, ajustándolos a los límites establecidos en la Constitución.
