La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó, con tres votos a favor y una abstención, el proceso de desafuero de Uriel Carmona, fiscal del Estado de Morelos. Este funcionario enfrenta acusaciones por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. El dictamen resultante fue remitido a la Mesa Directiva, abriendo paso a que el pleno actúe como jurado de procedencia.
Jaime Humberto Pérez Bernabé, presidente de la Sección Instructora, señaló que contaban con elementos suficientes para aprobar el dictamen contra Carmona y retirarle el fuero. La Mesa Directiva citó al fiscal para presentarse ante la Cámara de Diputados, aunque este anunció que no acudiría, alegando temor a ser detenido y denunciando una persecución en su contra.
El diputado Pérez Bernabé detalló que las acusaciones contra Carmona incluyen el delito de ejercicio ilícito de servicio público, específicamente por no contar con los exámenes de control y confianza. En septiembre de 2021, la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de desafuero, pero la Suprema Corte determinó que el fiscal sí goza de fuero constitucional.
Además, se destaca la orden de la jueza a un juzgado de Almoloya de Juárez para que emita una nueva resolución, indicando la falta de datos que respalden la participación de Carmona en los delitos imputados.
EXHIBEN A JUECES RELACIONADOS CON URIEL CARMONA
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, expuso hallazgos del informe de Cero Impunidad.
Señaló a dos jueces, Salvador Flores Martínez y Adriana Yolanda Vega Marroquín, por presuntamente favorecer al fiscal de Morelos y al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Según Bucio, el juez Flores Martínez otorgó una suspensión provisional en favor de Uriel Carmona, con la condición de que el gobernador de Morelos se abstenga de divulgar información del proceso penal.
En otro caso, la jueza Vega Marroquín concedió un amparo al exgobernador Francisco Javier N, buscando dejar insubsistente una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
