El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación en torno a la integridad del Poder Judicial de México, calificándolo como "podrido" después de que un tribunal federal negara una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, acusado de enriquecimiento ilícito.
“Es lo que hemos venido sosteniendo de que el Poder Judicial está podrido, hay exposiciones en jueces en magistrados, en ministras, excepciones, pero la regla es que ese poder está tomado, está secuestrado, está al servicio de la mafia del poder económico y del poder político y esto es una prueba más”, dijo durante su conferencia matutina en Palacio nacional.
Un tribunal anuló una orden de arresto previamente otorgada a García Luna debido a la detección de ingresos no justificados durante su gestión como secretario de Seguridad de 2000 hasta 2012, por un monto de al menos 43 millones de pesos que no se reflejaron en sus declaraciones fiscales y patrimoniales.
El tribunal en cuestión está compuesto por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar. La Fiscalía General de la República (FGR) planea emprender acciones legales contra ellos, acusándolos de actuar en detrimento de la administración de justicia, en virtud del artículo 224 del Código Penal Federal, que establece sanciones para los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.
Además, este caso subraya la urgencia de una reforma en el Poder Judicial, como insiste López Obrador. El presidente ha afirmado que, aunque hay excepciones, en general, el Poder Judicial está bajo la influencia de la mafia del poder económico y político.
La FGR ha subrayado que el tribunal negó la orden de aprehensión a pesar de contar con pruebas que demuestran un enriquecimiento injustificado de García Luna, lo que según la fiscalía viola los principios de legalidad y el debido proceso.
Genaro García Luna enfrenta actualmente tres órdenes de aprehensión adicionales por diferentes delitos. Este caso sigue siendo objeto de seguimiento y controversia en México, ya que plantea preguntas sobre la independencia y la integridad del Poder Judicial en el país.
