La noche de ayer, un juez federal ordenó la captura de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro Luna, por presuntamente estar relacionada con una red de corrupción.
A la orden de aprehensión se suman cuatro hermanos (Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto García Luna) del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y por último Oswaldo Luna Valderrabano, supuesto tío de Genaro García.
Los mencionados presuntamente están relacionados en el apoderamiento de cinco mil 112 millones de pesos con contratos de prisiones federales.
A los presuntos involucrados se les señala también por los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estas órdenes de aprehensión corresponden a las 61 que obtuvo la Fiscalía General de La República (FGR).
Según las investigaciones del FGR contra los 61 implicados, estas personas se coludieron con el entonces titular de la SSPF y sus socios para saquear los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que administra las cárceles federales.
La fiscalía señaló que se trató de una operación para canalizar recursos ilícitos a empresas controladas por García Luna, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de 10 contratos ilícitos, por la suma de 5 mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones a nivel internacional.
NIEGAN AMPARO PARA DESBLOQUEAR CUENTAS
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo a García Luna contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cumplimiento de una solicitud de carácter internacional.
En 2020, García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos y fue hallado culpable de tráfico de drogas, promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México contra el acuerdo de la UIF 286/2019 que lo incluyó en la LPB a solicitud de la DEA por una investigación sobre lavado de activos.
El 16 de mayo de 2022, el juez de Distrito emitió sentencia y señaló que nuestro país ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente ante solicitudes extranjeras para congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Con ello, se dio validez a la solicitud emitida por la DEA aportada por la UIF en el juicio de amparo.
Contra dicha resolución, García Luna interpuso recurso, el cual fue admitido por el Décimo Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 288/2022. En tanto, la UIF formuló agravios en adhesión para aportar elementos de convicción sobre la determinación emitida por el Juez de Distrito en el sentido de que existió un respeto a las garantías procesales del quejoso.
El 11 de mayo de 2023, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la resolución del juez de Distrito y negó el amparo a Genaro García Luna, al establecer que la resolución fue apegada a derecho y en la secuela procesal la UIF demostró que el origen de la inclusión a la LPB fue en cumplimiento a una obligación de carácter internacional en términos de los criterios establecidos por la Segunda Sala de la SCJN.
