El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declarará como testigo el próximo 30 de julio en la investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias. El caso ha debilitado políticamente al mandatario socialista.
El juez encargado del caso se trasladará al Complejo Presidencial de la Moncloa para tomar declaración a Sánchez, según informó la corte en un comunicado. Desde el inicio de la investigación, Sánchez ha defendido la inocencia de su esposa, situación que la oposición ha aprovechado para intensificar sus ataques contra el Gobierno.
El anuncio del juez Juan Carlos Peinado se produjo después de que Gómez acudiera al tribunal y se acogiera a su derecho a no declarar, argumentando que el procedimiento carece de fundamento, según su abogado, Antonio Camacho. Esta decisión fue criticada por el Partido Popular (PP) y Vox, quienes calificaron el silencio de Gómez como un insulto a los españoles y un ataque al Poder Judicial. Vox solicitó que el juez llamara a Sánchez a declarar para aclarar los hechos.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consideró lamentable que la primera vez que Sánchez hable sobre la corrupción que afecta a la Moncloa sea ante un juez, y pidió su dimisión. Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, lamentó que los españoles se sientan avergonzados por este escándalo.
Gómez, especialista en recaudación de fondos para fundaciones y ONG, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su esposo en sus relaciones profesionales, especialmente con Juan Carlos Barrabés, un empresario que recibió ayudas públicas y también está siendo investigado. Barrabés, quien da clases en un máster dirigido por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, admitió haberse reunido con ella cinco o seis veces en la Moncloa, dos de ellas en presencia de Sánchez.
El empresario, que recibió cartas de recomendación de Gómez para licitaciones por varios millones de euros, aseguró que esos encuentros se centraron en temas de innovación. El juez Peinado justificó la declaración de Sánchez por la necesidad de examinar la posible relación de Gómez con una autoridad en el delito de tráfico de influencias.
Sin embargo, Sánchez podría negarse a declarar, ya que en España una persona puede declinar testificar contra su cónyuge. La investigación se inició tras una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, basada en artículos de prensa. Posteriormente, Hazte Oír se sumó a la causa.
La Guardia Civil entregó al tribunal dos informes concluyendo que no hubo irregularidades por parte de Gómez, y la Fiscalía ha solicitado el archivo del expediente. Cuando se conoció la investigación a finales de abril, Sánchez sorprendió al país al anunciar que consideraba renunciar, pero finalmente decidió permanecer en el cargo tras cinco días de reflexión.
Desde entonces, Sánchez ha denunciado una estrategia de "acoso y derribo" contra su Gobierno por parte de medios de orientación derechista y ultraderechista, apoyados por la oposición. Patxi López, portavoz parlamentario del Partido Socialista, lamentó la "cacería política" contra Gómez por ser la esposa del presidente, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, vaticinó que la verdad y la justicia prevalecerán y la causa se archivará.
