Una extensa coalición de opositores a la ley de inmigración se movilizó en toda Francia, ejerciendo presión sobre el Ejecutivo cuatro días antes de la esperada decisión del Consejo Constitucional. La manifestación se llevó a cabo en rechazo a la promulgación del texto, percibido como una victoria de la extrema derecha.
La ley, aprobada por las dos cámaras del Parlamento a mediados de diciembre, incluye medidas de inspiración conservadora ya que el Gobierno no tiene mayoría en el legislativo y necesitaba el apoyo de la derecha tradicional.
La nueva ley ofrece a los trabajadores indocumentados en ocupaciones de alta demanda una vía para obtener permisos de residencia. Un día después de la aprobación de la ley, Darmanin aseguró que espera que el número de regularizaciones se duplique, con "10 mil trabajadores extranjeros adicionales cada año".
Pero la ley también hará que las cosas sean más complejas y más riesgosas para los trabajadores indocumentados en Francia: una ley abolida por el expresidente François Hollande que permitía a la Policía multar a los extranjeros con hasta 3 mil 750 euros se les encontraba en el país, se ha reintroducido. El proyecto de ley también intensifica las sanciones contra las empresas que emplean personas sin autorizaciones de permanencia.
Decenas de miles de personas participaron en 164 marchas programadas en todo el país, expresando su desacuerdo con lo que consideran "un giro peligroso en la historia de nuestra República", según el manifiesto de convocatoria respaldado por 201 prominentes figuras de diversos ámbitos públicos.
El Ministerio del Interior informó la participación de 75 mil manifestantes en todo el país, mientras que el sindicato CGT, el segundo más grande del país, elevó la cifra a 150 mil. En París, 16 mil asistentes, según la prefectura de Policía, marcharon entre dos lugares simbólicos: la plaza del Trocadero y el conjunto monumental de Los Inválidos.
La diversidad de participantes incluyó figuras destacadas de las artes y la política, como Olivier Faure, líder del Partido Socialista, y Fabien Roussel, líder del Partido Comunista. La ley controvertida, aprobada en diciembre con el respaldo de la extrema derecha de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, será sometida a la decisión del Consejo Constitucional el próximo jueves.
La normativa, aprobada por ambas cámaras del Parlamento en diciembre, presenta medidas de orientación conservadora, ya que el Gobierno, sin mayoría legislativa, buscó el apoyo de la derecha tradicional. La expectación ante la decisión del Consejo Constitucional marca un hito en la controversia en torno a la política migratoria francesa.
