Debiera ser un ejercicio cotidiano de quienes ejercemos el periodismo la revisión de los manuales de la técnica, tanto como de la ética, de nuestro oficio.
Vemos en Puebla y en muchas partes del país que se publican mentiras, verdaderos inventos o torcidas versiones de hechos, sin que luego haya una explicación ni una rectificación. (Ojo, no confundir la aclaración, con la rectificación. La primera la hace quien se siente lastimado y la otra la debiera hacer quien lastima; esta última rara vez llega).
Pero peor aún ocurre cuando se pretende convertir en información, con datos extrañamente obtenidos con antelación, el caso de una agresión a una persona, que de sí podría ser noticioso, pero con ese pretexto se atenta con su derecho a la privacidad y se pone en riesgo su seguridad, en su contexto personal y familiar.
Eso ocurrió la semana pasada contra la coordinadora general de Comunicación Social y Agenda Digital del Gobierno del Estado de Puebla, Verónica Vélez Macuil.
Con toda intención voy a evitar los detalles del caso, pero basta decir que ella y su familia, durante la campaña de 2018, sufrieron el allanamiento de su hogar en dos ocasiones, por sujetos que buscaban información o pretendían dejar funestos mensajes a la mujer que ha acompañado, en el área de su especialidad, el periodismo, al hoy gobernador Miguel Barbosa Huerta; lo mismo en las buenas que en las malas, por más de un lustro, han caminado juntos.
Lamentablemente, volvió a ocurrir una agresión así contra ella, en calidad de tentativa, pero el hecho se mantuvo en el sigilo necesario para su protección y la de su familia, y para la eficiencia de las investigaciones.
Verónica es una periodista, de cepa, de trayectoria, de afecto de sus pares y de comprobada calidad profesional y personal a lo largo de sus años en muchos medios, en muchas posiciones y siempre con la misma pasión.
Los detractores de la Cuarta Transformación (4T) poblana no han podido encontrar, porque no hay, un pasaje que le puedan reprochar a Verónica en su trayectoria.
Hoy ejerce una función pública. Es una funcionaria, pero no por ello se le puede agredir. No ha cambiado su estatus profesional. Realiza una labor que es importante y delicada, pero desde su propia especialización y calidad de comunicadora.
En fin, de cualquier modo, a ningún funcionario público debiera agredírsele tan directamente desde el “periodismo” o lo que se entienda como “periodismo”, poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia.
Es falto de ética que un medio, el que sea, que un reportero, el que sea, pretenda que es su derecho ir y sacar fotos de su casa y publicarlas; exponer su contexto domiciliario, cuando además es una víctima de un delito.
Más todavía cuando hay una situación muy delicada, que involucra el cómo se obtuvo esa información.
Hay referencias, muchas, miles, de lo que en el sentido más ético se puede o no se puede hacer, tanto en casos como éste, como en lo que se refiere a la información en la que se pudiera suponer que un grupo o una persona sujetos al escrutinio judicial pueden ser una “fuente” de información.
Vélez Macuil es compañera, colega y amiga de muchos en este gremio, desde hace más de un cuarto de siglo, muy lejos de los tiempos en que siquiera imaginamos que pudiera llegar a la alta responsabilidad pública que hoy tiene.
Ella no ha salido a victimizarse. No ha aludido ni se ha visto a sí misma como blanco de un complot, ni por su género, ni por su actual posición, ni por su condición personal o profesional.
Pero me parece indispensable redactar estas líneas que dejo, para que quede constancia.
