A raíz de la muerte de Tadeo –hoy sabemos que no fue un asesinato— sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, se desató un diálogo tenso entre activistas, gobierno del estado y periodistas. Los primeros hicieron señalamientos, denunciaron, hasta aportaron información; el segundo dio respuestas, algunas tardías, algunas superficiales, incluso hubo quien interpretó que hizo amenazas. Algunos periodistas actuaron en consonancia con las organizaciones de la sociedad civil, algunos otros cuestionaron la legitimidad de sus intervenciones con argumentos de calibre y calidad variable.
El caso movilizó, sobre todo, a organizaciones civiles fuera de Puebla, lo cual, considero, fue una fuente importante de presión para que las autoridades agilizaran las investigaciones y tomaran acciones. Hace pocos días, en su comparecencia frente al Congreso del Estado, el Secretario de Seguridad Pública hizo mención de la contratación de cien nuevos custodios como parte de la estrategia para mejorar el funcionamiento del penal de San Miguel. Esto además de las 21 personas que fueron detenidas, entre ellas el encargado de despacho de la dirección general, custodios y supervisores. A la fecha, cinco personas están sujetas a proceso por su implicación directa en la exhumación y el traslado ilegal de Tadeo.
Este crimen particular generó cierto movimiento mediático e institucional, pero no trascendió al ámbito comunitario. Cuando el caso se dio a conocer, en redes sociales alguien convocó a realizar una protesta frente al penal, pidió llevar ropa blanca de bebé teñida de rojo. Fue una manifestación de una sola persona a la que sí llegaron los medios de comunicación. La prensa estaba atenta, la sociedad no. Podemos cuestionarnos qué tan efectivos o pertinentes son los plantones, las marchas y las pancartas; hay quien critica a las feministas y a las personas trans por tomar las calles. Sin embargo, me parece sintomático que en lo relativo a niñas y niños se presente este vacío, que frente al cadáver de un bebé en una situación que todavía tiene mucho de inexplicable, se haya dado esa suerte de grito en el desierto. Las organizaciones locales de la sociedad civil emitieron un comunicado de prensa exigiendo el esclarecimiento de los hechos y continuaron inmersas en sus quehaceres cotidianos. Es difícil saber si una mayor actividad de la sociedad civil organizada a nivel local habría hecho una diferencia en la resolución del caso particular de Tadeo, o si fue bastante con la intervención de las organizaciones civiles ubicadas en la capital del país, o incluso, si el gobierno hubiera actuado de la misma manera sin la participación de activistas y medios de comunicación, probablemente no.
Las personas implicadas en el caso de Tadeo están acusadas de delitos contra la Ley General de Salud, Infracciones a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, encubrimiento y asociación delictuosa. La versión oficial apunta a que el cadáver fue exhumado y trasladado al penal con fines de causar inestabilidad y reajustar cuotas de poder. El caso es complejo y atípico por donde se lo examine. Seguramente no se registrará en las estadísticas relativas a violencia contra la niñez. Aunque las investigaciones han avanzado, aún quedan más preguntas que respuestas. Una inquietante es ¿qué significa para una sociedad que un grupo de adultos se haya organizado para que el cadáver de un bebé terminara en el contenedor de basura de una cárcel?
Cabe resaltar que la protección infantil sólo es posible si hay adultos comprometidos con ella, es decir, adultos que se indignen y repudien los abusos cometidos contra niñas, niños y adolescentes y que además construyan activamente entornos de cuidado y de respeto ¿Somos ese tipo de adultos? A veces me pregunto si nos damos cuenta de la gravedad del problema.
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De la autora
Es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha realizado investigación sobre la relación entre infancia, juventud y violencia en contextos de precariedad y es autora de diversos artículos académicos al respecto.
Fue directora del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Puebla y desde hace 18 años trabaja en la promoción de los derechos de este sector de la población.
La incidencia política y la coordinación del trabajo en redes han sido campos en los que se ha desarrollado durante los años recientes. Actualmente es consultora en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, enfoque de género y desarrollo de proyectos.
Disfruta la docencia y a nivel universitario imparte asignaturas relacionadas con los derechos humanos y la responsabilidad social.
@yimelika
elsaherreba@gmail.com
