Aunque el gobierno no ha recabado estadísticas al respecto, México se ubica como el país con más niñas y niños en orfandad por muerte de la madre, el padre o ambos a causa de la pandemia de COVID- 19, esto de acuerdo a una investigación publicada en la revista científica The Lancet en julio de 2021.
Asimismo se calcula que a nivel nacional 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 3 a 18 años ya no se inscribieron al ciclo escolar 2020- 2021, más de la mitad de estas deserciones se debieron a problemas económicos asociados con la pandemia.
Estos datos hacen evidente que muchas familias requieren apoyo para poder solventar las necesidades emocionales, educativas y materiales de sus integrantes menores de edad.
La pandemia, además ha exacerbado la violencia en el ámbito doméstico, según el balance anual citado anteriormente (que se basa en estadísticas oficiales) del 1 de enero al 5 de diciembre de 2021, en los hospitales de México se atendieron 12, 918 niñas, niños y adolescentes a causa de violencia familiar, en el 88 por ciento de los casos las víctimas fueron de sexo femenino. En el mismo período de tiempo se atendieron 6, 814 personas de 0 a 17 años a causa de violencia sexual, nuevamente, la mayoría de las víctimas fueron niñas y mujeres adolescentes (92.8%), el componente de violencia de género es insoslayable.
¿Qué será distinto en 2022 para aquellas niñas, niños y adolescentes que enfrentan adversidades política y económicamente producidas?
De entrada, a nivel nacional hay un recorte presupuestal para atender cuestiones ligadas a la garantía de sus derechos, como muestra está el recorte al Anexo 13 del presupuesto de Gobernación (de 7 millones de pesos a 1.5).
También está amenazada la continuidad del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), cuya existencia deriva de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Aunque es cierto que la desaparición del SIPINNA significaría un debilitamiento del andamiaje institucional que trabajosamente se ha ido construyendo a lo largo de varias décadas de activismo en favor de los derechos de la infancia y la adolescencia, hay que admitir que, en términos prácticos, para muchas niñas, niños y adolescentes la existencia del SIPINNA nacional o de los SIPINNA estatales y municipales, no ha significado una mejora en sus condiciones de vida.
A las niñas y niños de origen indígena que hacen malabares en los cruceros, el hecho de que el SIPINNA nacional tenga o no titular, les da exactamente lo mismo. Por supuesto, es necesario contar con instituciones con capacidad enunciativa para visibilizar, promover y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también sabemos que no todo se resuelve en mesas de trabajo, ruedas de prensa y sesiones en donde se aprueban agendas que no se discutieron previamente.
Tampoco se trata sólo de hacer transferencias económicas directas a todas las familias, habrá situaciones en donde sea suficiente asignar una beca para que la niña o el niño pueda seguir estudiando, pero habrá otras muchas en donde se requiera apoyo terapéutico o de carácter psicosocial para corregir una situación de violencia o negligencia en contra de una niña, niño o adolescente, o para estabilizar núcleos familiares convulsionados por las acciones del crimen organizado.
Los sistemas de protección infantil deben ampliarse y fortalecerse para abarcar los planos familiar, escolar y comunitario, para eso se necesita asignar presupuestos que puedan aplicarse con transparencia atendiendo a las particularidades de cada realidad enfrentada por niñas, niños y adolescentes y en México estas particularidades, muchas veces, son francamente estremecedoras. Seguiremos pendientes durante este nuevo año, de los avances en materia de garantía de derechos de las infancias y las adolescencias.
[1] Sindemia es un concepto utilizado entre las y los especialistas en salud para hacer referencia a la confluencia de dos o más enfermedades en una población.
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De la autora
Es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha realizado investigación sobre la relación entre infancia, juventud y violencia en contextos de precariedad y es autora de diversos artículos académicos al respecto.
Fue directora del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Puebla y desde hace 18 años trabaja en la promoción de los derechos de este sector de la población.
La incidencia política y la coordinación del trabajo en redes han sido campos en los que se ha desarrollado durante los años recientes. Actualmente es consultora en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, enfoque de género y desarrollo de proyectos.
Disfruta la docencia y a nivel universitario imparte asignaturas relacionadas con los derechos humanos y la responsabilidad social.
@yimelika
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