Elsa Herrera Bautista
El pasado 15 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, su lectura alumbra las oscuras sendas de los niños, niñas y adolescentes que desaparecen; problemas como la trata, la explotación, la migración, la adopción ilegal, el reclutamiento por parte del crimen organizado y la sustracción, ocupan apartados específicos de este documento, que se propone como el instrumento en que las autoridades deben basar sus acciones, todas orientadas a la búsqueda, localización y reintegración social de las niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición.
La implementación práctica de este protocolo demanda un gran despliegue de recursos humanos y financieros, así como el desarrollo de una sólida capacidad de coordinación entre diferentes instituciones públicas. Frente a la realidad mexicana, este protocolo tiene un carácter urgente.
Algunos de sus planteamientos podrían resultar obvios, por ejemplo, que la búsqueda debe realizarse de manera inmediata (sin dejar pasar las infames 72 horas, que aducen todavía algunos servidores públicos indolentes y/o mal informados), que las autoridades deben hacer un análisis de contexto y establecer hipótesis que guíen una investigación orientada a la localización de la persona menor de edad desaparecida.
Al escuchar a las madres (sí, en general son madres y abuelas) de niñas y niños desaparecidos en Puebla, se hace evidente la necesidad de recordarle a las autoridades que su deber es investigar, que las familias son también víctimas y que requieren apoyo y empatía.
En Puebla existen 2, 773 personas desaparecidas, según el Colectivo Voz de los Desaparecidos. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el estado de Puebla ocupó el cuarto lugar nacional en el índice de niñas, niños y adolescentes extraviados o desaparecidos en México entre 2010 y 2018.
También en 2018, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) dio a conocer que la ciudad de Puebla fue el lugar en donde desaparecieron más niñas, niños y adolescentes. Además de estos datos, constantes movilizaciones de familiares de víctimas de desaparición, en la forma de marchas, pintas, plantones, nos alertan acerca del hecho de que en Puebla la desaparición es un problema grave. Angustioso.
Hagamos una pausa y pensemos un momento qué significa para una familia el que uno de sus integrantes —acaso uno de los más jóvenes— desaparezca, ¿qué palabras podrían describir la experiencia de las madres, los padres, las hermanas y hermanos? Ahora, del otro lado ¿qué pasa con esos niños, niñas y adolescentes que son arrancados de su familia y del mundo que conocen? Escalofriante, aunque fueran sólo una decena de casos.
Hace más de un año, el Colectivo Voz de los Desaparecidos, encabezado por María Luisa Nuñez Baroja, madre de un joven desaparecido hace cuatro años, turnó al Congreso del Estado la propuesta para la Ley de Personas Desaparecidas en Puebla, con esperanza de que fuera aprobada y Puebla contara por fin con un instrumento jurídico específico que mandatara y aclarara los procedimientos a seguir en casos de desaparición.
La propuesta de ley fue redactada tomando como modelo la Ley General en la materia e incluso fue revisada por especialistas en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana. Se han realizado marchas, plantones, se han recolectado firmas, pese a todo, la LX legislatura está por terminar y parece que esta Ley quedará en su lista de pendientes, como si no fuera una materia urgente, de máxima prioridad.
De cualquier forma, la falta de una ley estatal no es pretexto para no atender el problema (como su existencia no implica la solución). La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, el Protocolo Homologado de Búsqueda y el recientemente publicado Protocolo Adicional, ofrecen un marco jurídico pertinente y herramientas adecuadas para entender y atender este problema tan doloroso. ¿Falta presupuesto, sensibilidad, capacitación, personal?
Lo que sea, es imperativo que los tres poderes de gobierno orienten sus esfuerzos para la localización y reintegración de las víctimas de desaparición y, además, establezcan las bases para prevenir que este delito se siga cometiendo.
