• 25 de Julio del 2021

#JusticiaPara, ¿quién lleva la cuenta?

Facebook Casa Real de Artistas Mexicanos

Hace un par de días tuvimos noticia de que Juan Carlos Portillo, de treinta años de edad y egresado de la licenciatura en Artes Plásticas de la BUAP, fue detenido por escandalizar en la vía pública —lo que sea que eso signifique— y de que pocas horas después apareció sin vida en los separos de la Policía Municipal de San Miguel Xoxtla.

Las reacciones de enojo y tristeza entre la comunidad universitaria —mostradas literalmente en redes sociales— no se han hecho esperar.

De inmediato se preparó un marco para foto de perfil en Facebook y se hicieron publicaciones con el #JusticiaParaCarlos, además de un acto simbólico en las afueras de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA).

Como ocurre con frecuencia en estos casos, las autoridades alegan que Juan Carlos se suicidó, mientras la familia aduce que esto es falso y que el joven murió a causa de la brutalidad policiaca.

Considerando antecedentes cercanos y lejanos, sabemos que esto último no es un planteamiento descabellado, por el contrario, es quizá la versión más acorde con la imagen que muchas personas tienen acerca de la policía.

Es sencillo y a la vez profundamente indignante conectar la muerte de Juan Carlos con otras muertes y casos de abuso policial, por ejemplo, con la muerte de Victoria Esperanza, la mujer salvadoreña asesinada por policías en la ciudad Tulum, en febrero de este año; también viene a mi memoria Marco Antonio Sánchez Flores, aquel adolescente de 17 años que fue detenido en la Ciudad de México en enero de 2018, estuvo desaparecido y  finalmente fue encontrado días después, absolutamente desorientado y con huellas de violencia física.

#JusticiaParaVictoria #JusticiaParaMarco fueron hashtags que se viralizaron, también hubo múltiples movilizaciones y pronunciamientos por parte de distintas organizaciones.

Si intentáramos hacer una lista de casos similares, sería una lista extensa y, con un mínimo de reflexión, una lista que debería llenarnos de rabia y movernos a la acción, ignoro en qué dirección exactamente.

Por supuesto, el activismo digital, las marchas y los pronunciamientos, son necesarios y tienen una incidencia palpable. Sin este tipo de acciones, es probable que los policías que asesinaron a Victoria Esperanza no hubieran sido consignados, o que Marco Antonio no hubiera sido encontrado.

Sin embargo, cabe preguntarnos si es posible contribuir genuinamente a que este tipo de crímenes no se repitan porque, si lo pensamos, el #JusticiaPara (inserte aquí el nombre del día. Escalofriante) se ha vuelto una reacción habitual de modo que compone una suerte de equilibrio frente a feminicidios, crímenes violentos y crímenes de Estado.

Tal vez haya una manera de actuar, y no sólo reaccionar, frente a este tipo de sucesos. Quizás para muchas y muchos ciudadanos, no queda más opción que viralizar un hashtag, asistir una marcha, o escribir un artículo, pero las universidades y otras organizaciones consolidadas podrían adoptar una actitud más proactiva en el monitoreo de la actuación de las entidades gubernamentales.

Acaso una vigilancia permanente y la constante emisión de mensajes contundentes acerca de lo que esperamos de las autoridades podrían contribuir en algo a que este tipo de crímenes no se repitieran, por lo menos no con tanta periodicidad.

Mientras tanto, es importante que las condiciones en las que murió, o fue asesinado Juan Carlos, sean esclarecidas, y que, si es el caso, los responsables sean sancionados con rigor legal.

Es imperativo que las leyes funcionen en apego a los derechos humanos. Nadie debe morir por “escandalizar en la vía pública” (por esa misma razón fue sometida y asesinada Victoria Esperanza).

Nadie debe morir bajo custodia policiaca. La #JusticiaparaCarlos es una justicia urgente para todos y todas.

 

 

 

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De la autora

Es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha realizado investigación sobre la relación entre infancia, juventud y violencia en contextos de precariedad y es autora de diversos artículos académicos al respecto.

Fue directora del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Puebla y desde hace 18 años trabaja en la promoción de los derechos de este sector de la población.

La incidencia política y la coordinación del trabajo en redes han sido campos en los que se ha desarrollado durante los años recientes. Actualmente es consultora en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, enfoque de género y desarrollo de proyectos.

Disfruta la docencia y a nivel universitario imparte asignaturas relacionadas con los derechos humanos y la responsabilidad social.

@yimelika

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