Con el paulatino reconocimiento de niñas y niños como sujetos de derecho, a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, en el año de 1990, cada vez es más frecuente la reflexión sobre la posición de este segmento de la población en diferentes procesos sociales, entre ellos, las elecciones.
Por mucho tiempo niñas y niños aparecieron como figuras más bien ornamentales alrededor de los candidatos a puestos de elección popular, no se prestaba atención a lo que ellas y ellos podían pensar o sentir respecto a las campañas electorales o la política en general, aunque aparecieran en imágenes o eventos propagandísticos.
Es hasta años recientes cuando se comienza a cuestionar la aparición de niños, niñas y adolescentes en campañas políticas, dichos cuestionamientos promovidos por organizaciones de la sociedad civil y valorados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se concentran en Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2019, junto con un manual y un instructivo relativos a esta materia.
En estos lineamientos se hace énfasis en los diversos tipos de participación que niñas, niños y adolescentes pueden tener en una variedad de actos lectorales, el énfasis está puesto en salvaguardar el interés superior y la dignidad, así como en contar con el consentimiento informado de la persona menor de edad y de sus progenitores.
Como sucede mucho en México, estos lineamientos derivan de una serie situaciones en las que el respeto a la dignidad, al interés superior y los derechos a la información y la participación no estaban siendo considerados. Ejemplos de estas situaciones sobran, tanto por parte de candidatos, como de organizaciones empresariales que aprovechan la imagen de niñas y niños para orientar la opinión del electorado.
Podemos recordar al pequeño cantante de la canción del Movimiento Naranja, o a los niños y a la niña que parodiaron a quienes aspiraban a la presidencia de la República en 2018 con el fin de promover la Reforma educativa; o aquel otro spot en donde niños y niñas protagonizaban actos de violencia y corrupción para exigir un cambio.
En fin, es probable que la controversia ética en torno a la aparición de niñas y niños en diversos momentos de las campañas electorales continúe, pero por lo menos ya contamos con elementos legales y con una sociedad vigilante y crítica a este respecto.
Otro aspecto, con implicaciones de mayor gravedad, está dado por el vínculo perverso que algunos políticos establecen con la niñez y la adolescencia. Esta relación de abuso puede ejemplificarse en varios niveles y también a lo largo del tiempo. Aspirantes a iniciar una carrera política, como Elías Medel Galindo, y viejos políticos, como Benjamín Saúl Huerta, han sido denunciados por abuso sexual cometido en contra de personas menores de edad.
Aunque de características distintas, porque Medel es acusado por abusar de su propia hija, y Huerta ha sido señalado por abusar de adolescentes en una relación de tipo más bien clientelar, ambos casos exhiben vívidamente el hecho de que niñas, niños y adolescentes ocupan una posición francamente desventajosa en las relaciones de poder que configuran nuestra sociedad.
En términos globales, la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes resulta alarmante. Según el Informe Preventing and Responding to Violence Against Children and Adolescents. Theory of Change, publicado por UNICEF en 2017, la violencia sexual es el tipo de violencia más comúnmente experimentada por niños y niñas desde los 0 hasta los 17 años, esto a nivel mundial.
En México, de acuerdo a un estudio de Save the children, 4 de cada 10 delitos sexuales se cometen en contra de personas menores de edad.
Los abusos sexuales cometidos por políticos en contra de niñas, niños y adolescentes, hacen eco de prácticas que normalizan la violencia contra la niñez en un contexto de criminalidad casi institucionalizada.
Para desmontar estos dispositivos de abuso hace falta sancionar a los responsables independientemente de su fuero o del poder que ostenten, pero también calibrar el daño que han recibido las víctimas y ofrecer atención consecuente.
En el contexto electoral, el foco de atención se coloca en los violentadores, más que en las víctimas. Se analizan los efectos de las denuncias en las candidaturas, en la cuota de votos para los partidos, en la percepción del electorado.
Se discute si es procedente o no el desafuero o la renuncia a la candidatura. Todo ello es importante, por supuesto, pero no podemos dejar de señalar que hay poca reflexión respecto a las víctimas
¿Qué sabemos hoy de las niñas víctimas de Yunes o de Jean Succar Kuri? ¿Qué atención y reparación del daño recibirán los adolescentes que hoy denuncian al diputado Saúl Huerta?
Cabe preguntarnos, además, por las garantías de no repetición que nos ofrecerán las autoridades y también hay que cuestionarnos muy seriamente por qué no está suficientemente claro que ningún criminal debería siquiera aspirar a representarnos en el gobierno.
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De la autora
Es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha realizado investigación sobre la relación entre infancia, juventud y violencia en contextos de precariedad y es autora de diversos artículos académicos al respecto.
Fue directora del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Puebla y desde hace 18 años trabaja en la promoción de los derechos de este sector de la población.
La incidencia política y la coordinación del trabajo en redes han sido campos en los que se ha desarrollado durante los años recientes. Actualmente es consultora en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, enfoque de género y desarrollo de proyectos.
Disfruta la docencia y a nivel universitario imparte asignaturas relacionadas con los derechos humanos y la responsabilidad social.
@yimelika
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