Desde Chetumal hasta Cancún, a las orillas de la carretera de 355 kilómetros de longitud, encontramos anuncios pequeños o espectaculares, con “venta de terrenos cerca de la laguna, zona arqueológica, en playa”, que alguna vez fueron terrenos nacionales o propiedad social.
Y así sucede en los tramos vehiculares federales de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, terrenos que ahora son “propiedad privada” y que pertenecieron a 507 mil 904 hectáreas ejidales.
Pero esta transformación de propiedad social a privada no fue obra del “espíritu santo”, sino a través del despojo, de cambio de dominio, de expropiaciones, de engaños por parte de una “mafia agraria” conformada por gobernadores, funcionarios agrarios federales, comisariados ejidales y empresarios, tal como lo señala el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), a través del estudio Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán realizado por Gabriela Torres-Mazuera, con la colaboración de Sergio Madrid y Raúl Benet Keil.
En su indagación, la profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), asegura que desde “… las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22,660 parcelas, con una superficie de 192,600 hectáreas de tierra dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Entre 1994 y 2018, y aunado a ese proceso, 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas: la de los terrenos baldíos y terrenos.”
Con estos cambios sustanciales hecha a la reforma agraria durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hubo 192 mil hectáreas ejidales privatizadas, y con Enrique Peña Nieto, se incremento de 192 mil hectáreas a 355 mil 304, dando un total de cerca de medio millón de superficie de propiedad social a privada en las entidades que conforman la Península de Yucatán.
La doctora en Ciencias Sociales, por la Universidad de París, Francia, reconoce a los medios de comunicación y algunos académicos, quienes han identificado una “mafia agraria” que actúa coordinadamente en esta región peninsular, para convertir a propiedad privada individual parcelas ejidales certificadas, terrenos nacionales, parcelando las tierras de uso común comercializándolas, para la actividad turística, ganadera, agroindustrial, de generación de energía eólica o fraccionamientos urbanos en Mérida, Playa del Carmen Solidaridad o Cancún.
Precisamente, distintos medios de comunicación -asegura Gabriela Torres-Mazuera- dan nombres de los personajes que están coludidos en la apropiación legal e ilegal de hectáreas ejidales: Víctor Cervera Pacheco, secretario de la Confederación Nacional Campesina (CNC) 1980, gobernador de Yucatán (1984-1988) y titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en1993, año en que inicia el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).
“En la entidad yucateca destaca el proyecto de construcción del aeropuerto promovido por el gobernador Patricio Patrón Laviada (el cual nunca se realizó), quien entre 2000 y 2006 adquirió a nombre del gobierno del estado amplias extensiones de tierras en ejidos cercanos a Mérida (entre estos destacan Hunucmá, Ucú y Umán, en municipios del mismo nombre), dice el estudio”.
También inicia se inicia la construcción del Country Club de Yucatán sobre tierras del ejido de Chablekal y con inversiones de políticos yucatecos con gran poder, como Emilio Gamboa Patrón.
Pero esta operación privatizadora no sería posible sin la “coordinación” de las Secretarías de Reforma Agraria (SRA), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Registro Agrario Nacional (RNA), la Procuraduría Agraria (PA) gobiernos estatales y presidentes de comisariados ejidales.
Así, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, y su sucesora, Rosario Robles Berlanga, son vinculados con esta “mafia agraria” en donde también se señala a los ex delegados del RAN en Yucatán: Fernando Torres, Rigoberto Paz, Alfonso Pereira Palomo, Antonino Almazán, Carlos Briceño; y de la PA en la entidad yucateca: Manuel Ontiveros, Gloria Magaña, Omar Corzo Olán, Pablo Alcocer; Gaspar Loria, jurídico de la PA; y Rafael Acosta, ex procurador de la Fiscalía de Yucatán (2010), entre muchos otros.
Los investigadores también citan a los ex gobernadores que operaron en contubernio con los funcionarios agrarios como Félix González Canto, Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, Víctor Cervera Pacheco e Ivonne Ortega, de Yucatán.
“Entre los empresarios y familias que destacan como los principales beneficiarios del acaparamiento de las tierras en Yucatán están los Abraham, los Hernández, los Millet y los Ponce; en Quintana Roo, destacan los Borge, los Coldwell y los Joaquín, entre otros añejos apellidos, y en Campeche la familia Mouriño”, señala el estudio.
Asimismo, la indagación ubica la presencia de inversionistas de Monterrey y otros estados del norte del país, encabezados por el ex jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, quien es socio en diversos proyectos agroindustriales en la región, como la empresa norteamericana Cargill y la empresa Enerall, y que este hecho pudo haberle costado el puesto ante el Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador.
José Antonio Chapur quien es dueño de diez lujosos hoteles llamados Palace Resorts en Cancún, la Riviera Maya y otros complejos turísticos; de banqueros, encabezados por Roberto Hernández, quien tiene la afición de coleccionar las haciendas que aún quedan, de las más de mil que hubo en la Península.
Entre las empresas creadas por la “mafia agraria” se encuentran Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la Isla Holbox, dirigida y administrada por Fernando Ponce García, Vega Solar (filial de Sun Power, productora de cerdos Keken, Península Maya Development y el Banco JP Morgan.
En Yucatán destaca el proyecto de construcción del aeropuerto promovido por el entonces gobernador Patricio Patrón Laviada (el cual nunca se realizó), quien entre 2000 y 2006 adquirió a nombre del gobierno del estado amplias extensiones de tierras en ejidos cercanos a Mérida (entre estos destacan Hunucmá, Ucú y Umán, en municipios del mismo nombre). Durante este periodo se identifican, también, cambios de destino promovidos por empresarios para distintos proyectos inmobiliarios, turísticos, agroindustriales, etc.
Por ejemplo, es cuando se inicia la construcción del Country Club de Yucatán sobre tierras del ejido de Chablekal y con inversiones de políticos yucatecos con gran poder, como Emilio Gamboa Patrón
Luego de dividir la Isla de Holbox en cuatro ejidos, se crea Península Maya Developments; el banco fiduciario fue JP Morgan, el cual tenía vendidos los terrenos incluso antes de que se formalizara el fideicomiso. Casualmente los compradores de los terrenos eran dos empresas propiedad del mismo Fernando Ponce García y de su yerno. El precio pagado por cada parcela fue equivalente a un cinco por ciento del valor catastral de esos terrenos, cada uno de los cuales tiene un frente de 100 metros a la playa. “En esta transacción, el gobernador González Canto también obtuvo su parte: tres parcelas que sumaban 12 hectáreas para el gobierno estatal. Cuando concluyó el proceso de titulación, estas tres parcelas aparecieron escrituradas a nombre de Jaime González Zetina, primo de González Canto y a la postre recaudador de rentas de la Secretaría estatal de Planeación y Finanzas en Cancún”
Medios de comunicación y algunos académicos han identificado una “mafia agraria” que actúa coordinadamente en la Península de Yucatán para apropiarse de manera legal e ilegal de dichas tierras. Se trata, en términos de “una compleja red de personas e instituciones… que sirven para dar cauce a trámites oficiales agrarios, catastrales, juicios, peritajes, compromisos, etc., todo esto orientado a obtener tierras de propiedad colectiva a bajo precio y por cualquier medio legal o extralegal, para después concretar transacciones comerciales de gran utilidad en el ramo de los bienes raíces. “La noción de mafia agraria sirve para identificar a grupos de poder empresarial nacional, coludidos con funcionarios de gobierno, en particular del sector agrario y con representantes de los ejidos (integrantes del comisariado ejidal), a fin de apoderarse de tierras de gran valor comercial, lo que conlleva un proceso de despojo”, señala la investigación elaborada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Y ejemplifica: ante los procedimientos ilícitos usados por el empresario Fernando Ponce para adquirir terrenos ejidales en Holbox, los ejidatarios lograron en 2012 una sentencia favorable por parte del magistrado del Tribunal Unitario Agrario en Chetumal, Benjamín Arellano Navarro. Sin embargo, días después el presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero, consuegro de Roberto Hernández, accionista de Banamex y con fuertes intereses inmobiliarios en la región, designó un nuevo magistrado “quien dio marcha atrás a la sentencia, y restituyó el proceso a favor de los inversionistas”. Luego, el abogado de Ponce, Roger Octavio Méndez, fue nombrado notario público.
Este caso ilustra la complicidad de ex gobernadores, ex presidentes, ex funcionarios de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, jueces de los tribunales agrarios, notarios públicos, abogados, banqueros nacionales y extranjeros, corporaciones multinacionales de turismo y bienes raíces, para adueñarse de las 547 mil 304 hectáreas.
Ya para concluir, el estudio detecto que “Un fenómeno que creció de manera exponencial durante los pasados sexenios es la apropiación y privatización de terrenos nacionales. Durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) flexibilizó de manera extrema los trámites para privatizar tales terrenos. En febrero de 2016, la Dirección de Propiedad Rural de la Sedatu remató, en la Riviera Maya, un terreno de 262 hectáreas a un precio 20 veces más barato que el de su valor comercial.”.
Esta privatización de tierras de propiedad social hace peligrar su uso común al individualizarse y parcelarse los ejidos, hecho que ha generado “conflicto entre ejidatarios y comuneros de facto con derechos por usos y costumbres para usufructuar la tierra ejidal…incrementándose la desigualdad socioeconómica y política entre sujetos agrarios y sujetos no agrarios residentes en los ejidos.
Por todo lo anterior, el CCMSS, propone al Gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador redefinir la política agraria nacional y regional considerando tres ejes de acción: el combate a la corrupción al interior del sector agrario a fin de ponerle un alto total a la “mafia agraria”, fortalecer los núcleos agrarios y democratizar los mismos.
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Del Autor
Con una larga trayectoria en medios de información, comunicación institucional y docencia, Gustavo González López ha sido:
Reportero n la Coordinación de Comunicación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados.
Reportero de Diario Respuesta y Maya sin Fronteras en Quintana Roo, Siglo 21 de Guadalajara, El Municipal, La Crónica de Hoy, Boletín Mexicano de La Crisis, Filo Rojo de México, Sección Mexiquense del Unomásuno, programa radiofónico La Hora de la Verdad, Semanario Punto
Coordinador de Comunicación Social del Partido del Trabajo en Quintana Roo
Colaborador de revista Maya sin Fronteras
Corresponsal del Centro de Información de la Mujer (CIMAC) en Quintana Roo
Coordinador de Información de La Gaceta de Nezahualcóyotl
Docente en la Universidad Modelo campus Chetumal; Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), Chetumal; Universidad Politécnica de Bacalar. Todas en Quintana Roo.
Es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP-Aragón) e la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene maestría en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria.
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