Ante esta declaración de inmediato se levantaron voces críticas, aduciendo que extinguir este tipo de organismos significaría un retroceso grave para la democracia mexicana. Y sí, sobre todo considerando que muchos de estos organismos resultaron de la lucha sostenida de organizaciones de la sociedad civil para lograr un equilibrio de poderes, porque ¿qué sentido tendría que el gobierno se vigilara o se evaluara a sí mismo, o que tuviera el control de las telecomunicaciones? En esa misma conferencia salió a relucir el SIPINNA, en una confusión penosa, por decir lo menos. Dijo el presidente López Obrador:
Esto de Sipinna, este es un acuerdo, no creo que esté creado el organismo por ley, debe ser un acuerdo o un decreto, no sé, pero todo lo que sea acuerdo, decreto del Ejecutivo se puede resolver, lo que esté por ley hay que enviar la iniciativa de reforma.
Vamos a revisar el caso, por ejemplo, el SIPINNA, depende de Gobernación, que es para la defensa de niñas, adolescentes, pero al mismo tiempo está el DIF, ¿o sea que no podría el DIF hacerse cargo de eso?
En primer lugar, hay que señalar que la existencia del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) está mandatada en el capítulo 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).
Los artículos 125 al 129 señalan que el SIPINNA será la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y que estará conformado por los gobernadores de los estados, por los titulares de varias secretarías a nivel federal, por representantes de la sociedad civil, por niños, niñas y adolescentes (sólo con voz) y por titulares de organismos públicos, como el Fiscal General y la Presidenta de la CNDH. Además, la ley establece que el SIPINNA será presidido por el titular del Poder Ejecutivo.
En el artículo 130 de la LGDNNA se estipula que “la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva” entonces, el SIPINNA no es un órgano desconcentrado, lo es la Secretaría Ejecutiva, cuyas funciones se enlistan en ese mismo artículo.
Cabe destacar que la LGDNNA, publicada en 2014, representa un gran avance en materia de protección infantil en México, mismo que resultó del impulso de las organizaciones de la sociedad civil y también de las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU al gobierno de México.
Desde el punto de vista de quienes promueven los derechos de la infancia, resulta indignante que el presidente desconozca la LGDNNA y sus antecedentes.
Históricamente, el DIF, encargado de múltiples tareas de asistencia social, no ha tenido la capacidad para atender los grandes retos que como país enfrentamos en materia de infancia y adolescencia. Aunque el desempeño de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA nacional sea susceptible de críticas, lejos de plantear su obsolescencia, deberían diseñarse mecanismos de fortalecimiento, sobre todo considerando que el problema de las Secretarías Ejecutivas de los SIPINNA estatales y municipales (también mandatados por ley) es, generalmente, que no cuentan con presupuesto ni personal.
Los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deben materializarse como espacios en donde la política pública de protección y promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias sea discutida al más alto nivel, como una prioridad de Estado.
Por cierto, la LGDNNA, en los artículos 120, 121 y 122, también establece el papel del DIF como institución a la que corresponde “proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados”, dicha tarea debe llevarse a cabo a través de las Procuradurías de Protección. De esta forma, el DIF debe concentrarse en la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad.
Esta labor es fundamental y hace falta una mayor inversión de recursos. Así lo señala UNICEF en el documento “La infancia y la adolescencia en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021”:
En el ámbito de protección de la infancia, el presupuesto para 2021 destinado a la Protección y Restitución de los derechos de las NNA, a través del cual se financian las Procuradurías y se fortalecen los Centros de Asistencia Social es insuficiente. El programa destinará a lo anterior $87 mdp, sin embargo, se requieren aproximadamente $2,487 mdp para atender la demanda y proveer servicios de calidad aceptable.
Para garantizar que niñas, niños y adolescentes vivan en condiciones dignas y seguras se requieren el diseño y la implementación de políticas públicas integrales, no sólo programas de transferencias monetarias directas.
Por supuesto que debe optimizarse el uso de los recursos, pero eso no significa volver a viejos esquemas que han mostrado su ineficacia, desdeñando los avances logrados hasta hoy.
Los SIPINNA deberían hacerse más fuertes y efectivos, no ser desarticulados, incluso, podríamos seguir el ejemplo de otros países y crear una Secretaría de Infancia y Adolescencia, a fin de colocar la garantía de este sector como una genuina prioridad.
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De la autora
Es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha realizado investigación sobre la relación entre infancia, juventud y violencia en contextos de precariedad y es autora de diversos artículos académicos al respecto.
Fue directora del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Puebla y desde hace 18 años trabaja en la promoción de los derechos de este sector de la población.
La incidencia política y la coordinación del trabajo en redes han sido campos en los que se ha desarrollado durante los años recientes. Actualmente es consultora en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, enfoque de género y desarrollo de proyectos.
Disfruta la docencia y a nivel universitario imparte asignaturas relacionadas con los derechos humanos y la responsabilidad social.
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