A Sonora la cruza un tsunami de violencia, inseguridad y narcoenfrentamientos incontrolables. Catalogada como una de las seis entidades más peligrosas, la región se encuentra en ingobernable. El extitular de seguridad nacional y ahora gobernador se mueve lento. La inseguridad lo rebasó.
Caborca, Guaymas y Ciudad Obregón son municipios en los que falta control y mando, pero sobra caos y miedo. En menos de cuatro meses, de llegar al poder Durazo Montaño se encuentra en el borde de encabezar un Estado fallido.
Durazo ya no aligera la carga en Palacio, como hasta hace unas semanas. En pocos días, se convirtió en una pesada administración menguada por la inseguridad y el crimen desbordado. Hasta el momento, es una de las seis entidades con más homicidios en el país, lo cual fue reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 22 de febrero en su conferencia mañanera.
Los datos del Observatorio Sonora por la Seguridad, obtenidos del SESNSP, revelan que de enero a diciembre de 2021 se abrieron mil 600 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, un 20.39 por ciento más respecto al 2020, cuando hubo mil 329. El nuevo gobierno ofrece pocas respuestas a un problema de descomposición añejo y heredado.
La lucha por la plaza por parte de diferentes cárteles procedentes de estados vecinos es lo que volvió a la entidad en un campo de batalla en las recientes semanas. Los Salazar, el Cártel de Sinaloa, de Caborca, del Jalisco Nueva Generación y de Juárez son algunos de los grupos que dominan la calle, y confluye la violencia por la plaza. Mientras Durazo Montaño apenas domina el plan para recomponer la estructura social en el estado. La inseguridad lo repliega.
La situación permanente en las calles del estado es de balaceras constantes semanales. Mientras que los delitos del fuero federal y local también repuntan ante la incapacidad de hacer frente a la delincuencia que pelea el control del territorio y delinque. En la actualidad, Sonora está en un punto crucial donde se pueden mejorar las cosas, pero si no se actúa, no sabe cuándo se podrá y el gobierno de Durazo es la herencia de negligencias y acuerdos pasados. Nada lo justifica. La falta de respuesta de las autoridades ante los ataques revela que la autoridad aún es débil y se encuentra en estado de sumisión a nivel local y estatal. Esa es la realidad actual. Ejemplo de ello es que la violencia se ha desatado por la presencia de grupos armados que se transportan en convoyes de hasta 20 vehículos. Y la lucha desde el gobierno estatal se queda corta. Ni gana en discurso ni en percepción de seguridad, el estado en manos de Durazo se encuentra perdido.
Ni el mando único ni la creación de una guardia estatal de seguridad ven la luz en un mandatario que tardó más de dos décadas en llegar al gobierno del estado y que ahora se pierde entre devaneos frente a la cuatroté y la pérdida de la confianza de los sonorenses.
