Ante este panorama, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez encabezó un diálogo clave con los líderes de la industria, donde destacó la participación de la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA), que lleva Miguel Ángel Ochoa, y la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos (APJSAC), a cargo de Alfonso Pérez Lizaur. Ambas asociaciones coincidieron en que el marco legal vigente ya no responde a las dinámicas actuales del mercado y mucho menos al auge tecnológico, dejando a los operadores formales en desventaja frente a una creciente competencia informal.
La realidad es que los desafíos no solo se limitan a la falta de regulación actualizada. El 60% de las apuestas en línea se realizan en plataformas ilegales, una situación que evidencia el tamaño del mercado informal, impacta gravemente las finanzas públicas, al dejar de percibir ingresos fiscales considerables, y afecta a los 81 operadores legalmente autorizados, quienes cumplen con sus obligaciones en un entorno de competencia desleal. La brecha de regulación, entonces, además de frenar el desarrollo de la industria, favorece a quienes operan en la sombra.
La modernización del marco regulatorio permitiría generar un piso parejo para todos los actores, al atraer mayor confianza de inversionistas y facilitar la implementación de mecanismos efectivos para combatir la informalidad. Basta mirar a las jurisdicciones internacionales que sí han tomado cartas en el asunto, como Las Vegas o Macao, claros ejemplos de cómo una regulación ordenada y transparente puede consolidar un sector robusto que impulsa la inversión, el empleo y la atracción turística. Sin duda, proyectos integrales que combinen hoteles y casinos en destinos ya posicionados como Cancún, Los Cabos y Acapulco tienen el potencial de transformar estas plazas en centros de clase mundial.
El diálogo encabezado por Rosa Icela Rodríguez debe traducirse en acciones concretas. Esta reunión con los líderes del sector debe ser el primer paso de una hoja de ruta clara que establezca objetivos y tiempos definidos. El gobierno tiene ante sí la oportunidad de modernizar una industria que ya genera miles de empleos y que puede convertirse en un motor aún más relevante para la economía nacional, siempre que se adopten medidas que frenen la informalidad y fomenten la competencia equitativa.
Postergar la actualización de la regulación sería una apuesta arriesgada. Si el gobierno y el Congreso logran concretar esta reforma, los beneficios irán más allá del sector privado: mayor recaudación fiscal, transparencia y un impulso económico que beneficiará a todo el país. Atentos.
@imendozape
