Convertido en un tema complicado, las decisiones tomadas desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Arturo Herrera, respecto al Contrato Marco con el que se adquiere el servicio de limpieza en el gobierno federal han llamado mucho la atención en este sector, pero para mal. En cada paso se mete zancadilla la propia administración.
Esto se debe a que más de un funcionario mete mano en la toma de decisiones. Ejemplo de ello es que luego de que la Oficialía Mayor, a cargo de Thalía Lagunas, tratara sin éxito de que la compra del aseo se consolidara en las dependencias de la administración pública, optaron por ampliar la vigencia del Contrato Marco anterior, hasta el próximo 31 de marzo.
Fue así que sus requisitos se actualizaron el 26 y 27 de enero de 2021, no obstante, el 15 de febrero pasado, el Director General de Recursos Materiales, David Velázquez y el Director General en la Oficialía Mayor, José Rodolfo Cruz, informaron que estos fueron modificados. Con decisiones encontradas es lo que tiene que lidiar a cargo la cuatroté debido a que las decisiones se toman por gustos o encargos más no por seguir con un proyecto sólido.
El cambio recayó en que ahora también se permitirá que las empresas del ramo acrediten el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-STPS-1999, NOM-017-STPS-2008 y NOM-030-STPS-2009 por dictamen de Unidades de Verificación, o bien, en caso de que se haya dado cuenta del procedimiento de Evaluación de la Conformidad. El asunto se ha vuelto más complejo debido a que originalmente solo se aceptaba el acta de inspección emitida por la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), de Luisa María Acalde, la cual pudieron obtener durante los últimos 21 meses, según comentan distintos integrantes del sector.
Aun así, a pesar de que las reglas del juego mutaron, la Oficialía Mayor de Hacienda no abrió un nuevo periodo para que más compañías puedan registrarse como proveedoras, por lo que, en lugar de incentivar la competencia, pasa lo contrario. Con esto, las únicas que ahora pueden entregar documentación distinta son aquellas firmas que ya se habían anotado entre el 2 y 4 de febrero. Por cierto, en el listado figuran algunas como Cleanium, Aseo Privado Institucional, Servicios Inmobiliarios Iroa y Limpieza Jored, sobre las cuales se comenta, son la nueva cara del supuesto cártel operado por José Juan Reyes Domínguez, para escalonar precios en los concursos públicos. El mismo personaje que se ha convertido en el zar de la limpieza y quien al parecer tiene más fachadas para continuar en el negocio de empresas que pasan inadvertidas en la cruzada anticorrupción de la cuatroté.
A pesar de que hay empresas vinculadas a Reyes Domínguez con antecedentes sucios entran a los concursos de licitaciones, las omisiones cometidas por la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, comienza a ser más evidente y en algún momento detonara en su contra.
