El gobernador de Oklahoma, John Kevin Stitt, aseguró que apoyará las deportaciones masivas promovidas por el presidente electo Donald Trump. Durante una entrevista con Fox News, informó que ordenó a su comisionado de seguridad pública preparar un plan para repatriar a inmigrantes encarcelados en Oklahoma, comenzando con una lista inicial de 500 personas.
Stitt destacó que estas medidas buscan fortalecer la seguridad pública y prevenir nuevos problemas, afirmando: “Todos los que están en nuestras cárceles de manera ilegal, violando nuestras leyes, deben salir de nuestro estado y del país”.
El gobernador criticó la gestión migratoria de la administración de Joe Biden y expresó su confianza en que Trump reforzará la frontera desde su primer día en el cargo. Asimismo, enfatizó que, aunque el reto es significativo, iniciarán los preparativos de inmediato para cumplir con estas políticas.
Según Stitt, el enfoque principal estará en deportar a quienes hayan cometido delitos. Además, señaló que el fortalecimiento de las fronteras abrirá paso a una revisión de las políticas de visas de trabajo y educativas. “Debemos conectar a empleadores con empleados que buscan el sueño americano, pero empezaremos por combatir la ilegalidad”, dijo el mandatario.
Analistas advierten sobre las consecuencias económicas de estas medidas. Según el Pew Research Center, en 2022, aproximadamente 8.3 millones de inmigrantes irregulares trabajaban en Estados Unidos, representando cerca de cinco por ciento de la fuerza laboral total. Sectores clave como construcción, agricultura y hotelería dependen de esta población, con más de 30 por ciento de sus trabajadores en oficios como mampostería y pintura.
Un informe reciente del Instituto Peterson para la Economía Internacional señala que expulsar a todos los inmigrantes irregulares podría reducir el crecimiento económico hasta en 7.4 por ciento para 2028, con efectos adversos como inflación elevada y menor productividad. Incluso en un escenario más moderado, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) podría desacelerarse en 0.4 puntos porcentuales para 2025.
Expertos consideran que la implementación completa de estas medidas enfrenta desafíos legales, logísticos y financieros. Durante el primer mandato de Trump, propuestas similares se suavizaron debido a estas complicaciones. Ryan Sweet, economista de Oxford Economics, aseguró: “Somos escépticos de que se ejecuten deportaciones masivas como las anunciadas en campaña”.
Proyecciones de Goldman Sachs indican que la inmigración neta podría reducirse a 750 mil personas anuales, una cifra inferior al promedio de un millón previo a la pandemia. Sin embargo, la posibilidad de deportar a millones de personas generaría presiones inflacionarias en sectores específicos, aunque compensadas por menor demanda en otras áreas, como vivienda.
El Consejo Estadounidense de Inmigración estima que las industrias como la construcción y la agricultura perderían al menos a uno de cada ocho trabajadores debido a estas políticas. Asimismo, el Instituto Estadounidense de la Empresa y Brookings Institution anticipan una caída en la entrada de trabajadores calificados, afectando sectores tecnológicos y educativos.
Aunque las intenciones del gobernador Stitt y del presidente electo Trump buscan priorizar la seguridad pública y reestructurar la política migratoria, los efectos económicos y sociales de estas decisiones continúan siendo tema de debate entre expertos y legisladores.