Fallo judicial limita las acciones del alcalde Eric Adams frente a la llegada masiva de migrantes; Greg Abbott mantiene el envío de personas en una estrategia de presión
Un fallo de la jueza Mary Rosado bloqueó la medida del alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien intentó frenar el arribo de autobuses con migrantes enviados desde Texas. La jueza argumentó que prohibir los traslados vulneraría el derecho fundamental a la libre circulación en Estados Unidos, una acción que la Constitución protege.
A mediados de año, Adams reveló que en los últimos dos años casi 200 mil migrantes han llegado a Nueva York, muchos en autobuses patrocinados por el gobernador de Texas, Greg Abbott. La decisión del republicano Abbott de financiar estos traslados busca presionar a la administración federal para que selle la frontera sur y reduzca el ingreso de migrantes.
La llegada masiva ha sobrepasado la capacidad de los albergues de Nueva York, que incluso contrató hoteles para evitar que las personas queden sin techo o alimentos. Ante esta crisis, Adams presentó una demanda contra 17 empresas de transporte involucradas en el desplazamiento y solicitó una compensación de 708 millones de dólares para cubrir los costos que asume la ciudad en la manutención de los migrantes.
“La ciudad de Nueva York ha hecho y siempre hará su parte para gestionar esta crisis humanitaria, pero no podemos asumir solo los costos de las maniobras políticas imprudentes del estado de Texas”, afirmó Adams en su momento. En su demanda, el alcalde argumentó que la situación en los refugios temporales es insostenible, con más de 65 mil personas albergadas, y se enfrenta a limitaciones: solo se permite una estadía de 30 días para migrantes solteros y 60 días para familias con niños.
La jueza Rosado, sin embargo, enfatizó que “la prohibición solicitada es inconstitucional” y subrayó que las autoridades locales no pueden regular los viajes interestatales de personas según su situación económica, un criterio que el fallo reconoce como discriminatorio y en contra de las libertades individuales.
La situación podría cambiar con la próxima administración federal, que encabezaría Donald Trump tras el 20 de enero. La Casa Blanca podría implementar mayores restricciones en la frontera y hasta considerar una propuesta de deportación masiva, políticas que afectarán de forma directa a miles de migrantes.
