Los votantes de Arizona aprobaron en recientes elecciones la Propuesta 314, conocida como Ley de Seguridad Fronteriza, considerada una de las normas antiinmigrantes más estrictas en el país. Esta legislación convierte en delito estatal el ingreso de personas indocumentadas que crucen la frontera fuera de los puertos de entrada oficiales y añade sanciones por uso de documentos falsos para empleo o beneficios públicos. Aunque recibió el respaldo de los votantes, su aplicación está condicionada a una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la constitucionalidad de una ley similar en Texas, conocida como SB4.
La Propuesta 314 en Arizona establece como delito menor el ingreso irregular de no ciudadanos por cualquier vía que no sea un puerto oficial. Si bien el cruce ilegal ya constituye una infracción a nivel federal, penalizada con multas o prisión, la nueva ley busca permitir a la policía local el arresto de quienes crucen la frontera sin autorización, mientras que los jueces estatales podrían ordenar deportaciones de los condenados por este tipo de ingreso.
La medida va más allá al contemplar el arresto de personas que utilicen información o documentos falsos para obtener empleo o acceder a beneficios públicos, lo cual también se tipificaría como delito menor. Además, en un apartado relacionado con el combate al tráfico de drogas, la ley tipifica como delito grave de clase dos la venta de fentanilo si el vendedor conocía la toxicidad de la sustancia y otra persona resulta fallecida por su consumo.
La implementación de la Propuesta 314 permitiría que tribunales en Arizona ordenen la expulsión de inmigrantes condenados por ingreso irregular, lo que habilitaría a las autoridades estatales y locales para transferir a los detenidos a la custodia federal. Sin embargo, su activación depende de la constitucionalidad de la SB4 de Texas, un proyecto de ley que la Corte Suprema evalúa. En caso de un fallo favorable, la Propuesta 314 podría entrar en vigor en breve; de lo contrario, su futuro es incierto.
Los opositores de la medida en Arizona comparan esta legislación con la SB1070, una controvertida ley aprobada en 2010, la cual facultaba a la policía a solicitar pruebas de ciudadanía si existían sospechas sobre el estatus legal de una persona en el estado. La Propuesta 314 va un paso más allá al permitir que la policía actúe como agentes de inmigración, incluyendo la posibilidad de cuestionar, detener y encarcelar a personas que hayan ingresado al país de forma irregular.
Los defensores de la Propuesta 314 argumentan que esta medida fortalecerá la seguridad estatal y mitigará los efectos del tráfico de fentanilo. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 90 por ciento del fentanilo interceptado se confisca en los puertos de entrada oficiales, hecho que, afirman, valida la necesidad de un control más riguroso en estos puntos.
La decisión de la Corte Suprema sobre la SB4 de Texas será crucial para determinar el futuro de la Propuesta 314 en Arizona.
