Un grupo de 16 estados gobernados por republicanos presentó una demanda federal para suspender un programa que podría permitir la naturalización de aproximadamente 500 mil inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses sin estatus legal.
La coalición argumenta que el gobierno federal, bajo la administración del presidente Joe Biden, ha establecido el programa de forma unilateral y con fines políticos.
El programa en cuestión, lanzado en junio, permite a los cónyuges sin estatus legal solicitar un "permiso de permanencia temporal en el país", el cual facilitaría la obtención de una tarjeta de residencia legal y, eventualmente, la naturalización.
Los demandantes sostienen que esta medida incentivaría la inmigración ilegal y generaría un impacto negativo en los estados demandantes, quienes alegan que deberán asumir costos adicionales debido al incremento de inmigrantes en el país.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, criticó el programa al calificarlo de violación constitucional y advirtió que exacerbará los problemas de inmigración ilegal en el estado. La demanda, presentada en una corte federal en Tyler, Texas, también busca una moción para la suspensión del programa mientras se resuelve la cuestión legal.
Ashley Moody, fiscal general de Florida, argumentó en contra del programa mediante una publicación en la red social X, señalando que la política de Biden es una forma ilegal de promover su agenda de fronteras abiertas. La demanda incluye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a su secretario Alejandro Mayorkas, y a otros funcionarios del gobierno.
La organización conservadora America First Legal, dirigida por Stephen Miller, exasesor del expresidente Donald Trump, actúa como asesor legal en la demanda. En respuesta, la portavoz del DHS, Mayra Alejandra, defendió el programa como una medida que se basa en una autoridad legal establecida y que busca mantener unidas a las familias estadounidenses.
El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, acusó a los republicanos de usar la demanda con fines políticos y argumentó que el programa busca evitar que las familias vivan en la clandestinidad. La organización bipartidista FWD.us también defendió el programa, subrayando que cumple con la ley y criticó el momento en que se entabló la demanda, justo cuando la vicepresidenta Kamala Harris aceptaba la nominación demócrata a la presidencia.
Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, calificó la impugnación como "decepcionante y cruel", aunque enfatizó que el proceso sigue abierto y aceptando solicitudes. Para acceder al programa, los solicitantes deben haber residido en Estados Unidos durante al menos 10 años, no tener antecedentes penales y haber contraído matrimonio con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio.
Los beneficiarios del programa podrán obtener un permiso de trabajo mientras tramitan su residencia permanente en un plazo de tres años. El gobierno estima que unas 500 mil personas, además de cerca de 50 mil de sus hijos, podrían ser elegibles. Previamente, los inmigrantes sin autorización enfrentaban serias dificultades para obtener residencia tras contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense, y a menudo se les exigía regresar a su país de origen con el riesgo de no poder regresar a Estados Unidos.
Los estados demandantes alegan que el programa impondrá una carga financiera adicional y provocará impactos negativos en el empleo y los salarios locales. Evelyn Wiese, abogada de inmigración de Americans for Immigrant Justice, criticó la demanda como un "ataque" a las familias con estatus mixto y la describió como una manifestación de extremismo antiinmigrante.
La controversia en torno a este programa refleja el debate en curso sobre la política migratoria en Estados Unidos, especialmente en un año electoral cargado de tensiones sobre la inmigración y la seguridad fronteriza.
