Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia de Estados Unidos dieron a conocer el endurecimiento que hará más difícil encontrar refugio a las personas procedentes de países con altas tasas de enfermedades contagiosas mortales como el Covid-19.
En lo que representa la acción más reciente de una serie de regulaciones para elevar drásticamente el estándar de quién califica para recibir protecciones humanitarias, la administración Trump presentó la propuesta conjunta con base en experiencias derivadas de la pandemia 2020.
“Es difícil predecir el impacto que tendría otra enfermedad transmisible emergente o reemergente en el sistema de salud pública de Estados Unidos”, establecer la propuesta firmada por el secretario de Justicia William Barr y por Chad Mizelle, abogado general interino del Departamento de Seguridad Nacional.
“Las pandemias modernas, que se propagan a través de viajes internacionales, pueden envolver al mundo en tres meses o menos, pueden durar de 12 a 18 meses y no son consideradas como eventos irrepetibles”, expresa.
La norma también indica que el gobierno podrá deportar a solicitantes de asilo de manera acelerada si reciben una negativa durante la entrevista de miedo o temor creíble, el primer paso de un largo proceso que deben enfrentar buscan de la protección del gobierno estadounidense.
La regla dice que las autoridades “pueden considerar inquietudes de salud pública basadas en enfermedades transmisibles debido a las posibles amenazas internacionales de la propagación de pandemias” cuando determinen la elegibilidad de solicitar asilo o una protección similar llamada “retención de expulsión”.
Señala que tiene como objetivo proteger la salud pública y la economía durante futuras pandemias, así como de la actual pandemia de Covid-19.
Revés a Trump
Esta semana, la Corte de Apelaciones del 9 Circuito emitió una orden judicial preliminar contra la regla que niega asilo a las personas que crucen por México y no pidieron refugio antes de llegar a Estados Unidos.
El juez federal Timothy Kelly consideró que las autoridades violaron los procedimientos federales al no solicitar la opinión pública antes de implementar la medida en julio de 2019.
Sin embargo, la medida pierde fuerza debido a las medidas relacionadas con la pandemia que autorizan expulsión lo más pronto posible de todos aquellos que cruzaron ilegalmente la frontera e impedir el ingreso de solicitantes de asilo en los cruces oficiales.
El gobierno extendió la medida de forma indefinida en mayo pasado, basándose en una ley de salud pública poco conocida para evitar la propagación de la enfermedad.
La Corte Suprema se rehusó el mes pasado a permitir que el gobierno pusiera fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés) que protege a 650 mil jóvenes inmigrantes de la deportación, basando su fallo en las medidas procesales.
