El juez Brian Cogan, que preside el proceso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, decidió excluir el testimonio del narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, presentado el martes por la Fiscalía y que el juzgador calificó de “rumor” y de “pérdida de tiempo”.
Martínez, testigo cooperante de la Fiscalía, se identificó como la persona encargada del envío de cocaína del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos por tren desde México a tres ciudades estadounidenses.
La Fiscalía esperaba incidir a través de este testigo en que García Luna cooperaba de manera habitual con la banda criminal y que se encontraba disponible para ser contactado por distintos miembros.
Estaba previsto que este miércoles Martínez contara que dos socios suyos, identificados como Jorge y Anselmo, le ofrecieron en un momento la posibilidad de hablar con García Luna para pagarle sobornos con el objetivo de garantizar la seguridad de los cargamentos de droga durante su paso por territorio mexicano.
“Teniendo en cuenta que no sabemos los nombres completos de Jorge o Anselmo, o si estos son sus nombres reales, la corte no permitirá que el jurado escuche lo que equivale a un rumor de culpabilidad del acusado”, sentenció el juez Cogan en un escrito.
Además, el magistrado dio la razón a la defensa, que se había quejado de que los hechos que relataba el testigo se remontaban a los años noventa hasta 2000 y “quizá” 2001, cuando García Luna está imputado por delitos supuestamente cometidos entre 2001 y 2012.
En este sentido, incidió en su decisión de descartar el testimonio de Martínez y lo describió como “un acontecimiento secundario y una pérdida de tiempo”.
El proceso contra García Luna, exsecretario de defensa durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), arrancó este lunes con los alegatos iniciales de la Fiscalía y la defensa y el testimonio del narco Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que aseguró que presenció, a partir de 2001, el pago de sobornos al exsecretario mexicano a cambio de su ayuda a los narcos en su negocio y en la lucha contra clanes rivales.
Los abogados de García Luna centran su defensa en que la fiscalía no tiene pruebas “objetivas” como videos, fotografías, documentos o grabaciones y en que ha construido el caso sobre “rumores” y declaraciones de criminales y asesinos que han aceptado testificar en busca de una reducción de sus condenas.
