Juan de Dios Núñez Barojas volvió a casa cinco años después. No se fue por su propio pie, como aseguran voces desde el poder. Fue sustraído y asesinado. Su madre, María Luisa Núñez, dedicó el último lustro de su vida a exigir respuesta a la pregunta “¿dónde está mi hijo?” junto a otras personas con el mismo reclamo. Así nació el colectivo Voz de los desaparecidos en Puebla.
El caminar de las familias en búsqueda de un ser amado está repleto de aprendizajes sobre el derrumbe emocional, el acompañamiento comunitario y la lucha contra la inacción institucional. Sobre todo ello versa el más reciente informe en materia de desapariciones elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla.
Desde 2019, la Universidad Jesuita ha acompañado a colectivos de personas desaparecidas, tanto en la dimensión psicoafectiva como en acciones formativas, jurídicas y de difusión. El documento busca hacer un diagnóstico de la situación en Puebla y el rendimiento de las autoridades frente a estos agravios.
Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia del IDHIE, expuso las generalidades del informe, mismo que arranca con un panorama lleno de números rojos. Con corte al 1 de julio de 2021, existen en el país al menos 220 mil 280 personas que han sido víctimas de desaparición; de las cuales, cuatro de cada diez permanecen sin ser localizadas. Puebla aporta a esta suma 2 mil 882 personas.
Además de aportar un andamiaje legal sobre los derechos de la ciudadanía y las obligaciones del Estado frente al agravio en cuestión, el informe relata de viva voz el proceso de revictimización que experimentan las familias. Estas actitudes, explicó Luna de la Mora, “son estrategias institucionales que buscan burocratizar el dolor”.
Acciones como dilación, simulación y sustitución entorpecen los procesos de búsqueda y orillan a los familiares a llevar a cabo tareas que no les corresponden. “Tenemos que hacer de detectives”, reza uno de los múltiples testimonios contenidos en el librillo. El experto sumó que se trata de mecanismos para gestionar la incapacidad institucional para dar respuesta a las violencias.
La desaparición, plantea el informe, impacta en dos momentos: la sustracción en sí de la persona y el proceso de búsqueda. Además, las afectaciones se manifiestan en el estrato psicológico, social y económico. Es así que los colectivos se convierten en sustentos prácticos y afectivos, como ocurrió a María Luisa Núñez: de marchar sola junto a Lucía Linares, madre de las víctimas Abraham y Vicente Basurto, pasó a instalar un plantón frente al Congreso de Puebla.
Como vías hacia una justicia expedita, el IDHIE propone el fortalecimiento de las instituciones a partir de procesos de humanización y desformalización de los procesos. “Instamos a las autoridades a que pongan a las víctimas en el centro de la discusión”, cerró Tadeo Luna.
Daños colaterales
Irma Olge Calderón busca a su padre desde 2013. Marco Antonio Orgen, desaparecido en Huauchinango, fue víctima de la violencia endémica y del conflicto por la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro. “Yo no sabía que estaba en medio de una guerra contra el narco y que Felipe Calderón nos consideraba daños colaterales”, comentó en retrospectiva.
Tras el siniestro, Irma y su hermana se trasladaron a la Ciudad de México para encontrar respuestas en un país profundamente centralizado. En su caminar, identificó a otras personas que compartían la angustia de tener a un ser amado ausente. Los vínculos se transformaron en el colectivo Uniendo Cristales, un grupo especializado en dar acompañamiento psicosocial a las personas de su ciudad natal.
Los restos de Juan de Dios, Abraham y Vicente fueron hallados y devueltos a sus familiares hace unos días. Ahora que una de sus preguntas ha sido respondida, María Luisa Núñez Barojas tiene claro el siguiente paso: “Cuando salga de aquí le voy a regalar un ejemplar [del informe] a Miguel Barbosa. Es él quien necesita que le quepa en la cabeza lo que está pasando”.
A las reflexiones de las mujeres en búsqueda se sumó la académica de la UCLA Mónica Castillejos Aragón, quien destacó que los testimonios convergen en la inacción e indiferencia de las autoridades frente a la búsqueda de respuestas. En respuesta, las personas en lucha han recurrido a instancias internacionales para evidenciar la grave crisis de seguridad de nuestro país.
Los colectivos fueron los responsables de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada visitara México a finales del 2021. El veredicto fue, por un lado, de preocupación frente a los índices de impunidad frente al “crimen perfecto”; por otro, de reconocimiento a la dignidad de la lucha amorosa de las personas activistas, en su mayoría mujeres.
