Giovanni Góchez
La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), Leonor Vargas Gallegos, confirmó que 10 familias ya aceptaron la reubicación de sus viviendas, tras la destrucción de sus propiedades en las explosiones del 31 de octubre en San Pablo Xochimehuacán.
Los inmuebles no podrán ser repuestos en su sitio original por el Gobierno del Estado, ya que se trata de una zona irregular.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, de las 59 casas que fueron demolidas por sufrir daños estructurales, 31 están en predios ilegales.
La reubicación será en viviendas de 108 metros de terreno, de los que 75 metros corresponden a construcción. Tendrán dos baños, tres recámaras, cocina, sala, comedor, cisterna con capacidad de tres mil litros de agua y espacio para estacionamiento.
Una estimación de las autoridades estatales es que solamente el terreno tiene un valor de 173 mil 800 pesos.
Más diálogo
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, recordó que su administración está impedida legalmente a reponer las casas afectadas en predios irregulares.
“No podemos hacer más que lo que la ley nos permite, la autoridad, el Gobierno del Estado no puede hacer más que lo que la ley le permite que es reparación de las casas en zonas legales, en terrenos legales, no en zonas prohibidas”.
Respecto a la posición que asumieron algunos damnificados de no aceptar la reubicación, resaltó que se dialogará más con ellos.
Añadió que las casas ofrecidas “son muy dignas” y que responden a la situación de emergencia que se vive en esa junta auxiliar.
