El exdiputado federal por Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, ha sido condenado a tres años y cuatro meses de prisión, junto con una reparación del daño de 18 mil 960 pesos, por abuso sexual contra una persona menor de edad. Esta sentencia, relacionada con uno de los dos casos de abuso sexual que enfrenta Huerta, fue confirmada por los magistrados del Tribunal de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia.
La decisión incluye la prohibición de que Huerta se comunique con la víctima. Actualmente cumpliendo su condena en el Reclusorio Oriente, la sentencia no marca el fin de sus problemas legales, ya que enfrenta un segundo proceso por violación equiparada agravada. Este último proceso ha sido suspendido temporalmente debido a amparos presentados por la defensa ante un juez federal.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señala a Huerta por su presunta participación en abuso sexual equiparado agravado. Uno de los casos involucra a una víctima mayor de 18 años, quien relató hechos ocurridos en julio de 2019, donde Huerta habría aprovechado el estado de vulnerabilidad de la víctima inducido por sustancias que le impedían resistirse.
El segundo caso, que data de abril de 2021, acusa a Saúl Huerta de violación equiparada agravada en un hotel de la colonia Juárez, Ciudad de México, en perjuicio de un menor de edad. En ambos casos, Huerta se valió de la relación de confianza con las víctimas, incluso prometiendo cuidar de ellos y, en su calidad de diputado federal, invitándolos a la capital del país para conocer el recinto legislativo.
A pesar de la sentencia actual, que teóricamente permitiría la liberación tras cumplir los cinco años, la reclusión de Huerta continúa debido al proceso pendiente. El exdiputado, con una carrera política que incluye participación en Morena y el PRI, ha visto su reputación empañada por las acusaciones de abuso sexual contra menores.
La detención de Huerta en agosto de 2021 resultó en su expulsión inmediata de Morena en abril de 2021, perdiendo la nominación como candidato a diputado federal. Este escándalo no solo afectó su carrera política, sino que también generó amenazas de muerte a la madre de uno de los menores afectados.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la inscripción de Huerta en el Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México.
